Madrid, 5 mar (EFE).- La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido la inadmisión y archivo de la querella presentada hace unos meses por un grupo de magistrados y fiscales jubilados contra el rey emérito por cinco delitos contra la Hacienda Pública que podrían haberse cometido en las declaraciones tributarias correspondientes a los años comprendidos entre el 2014 y el 2018.
Según ha informado en un comunicado, la Fiscalía considera que en la querella “no se aportan ni hechos ni fuentes de prueba distintos” a los que ya consideró el ministerio público en 2022 para archivar “tras una exhaustiva investigación” las diligencias que abrió dos años antes en relación al rey Juan Carlos.
Entre los querellantes figuran José Antonio Martín Pallín, magistrado jubilado del Supremo y fiscales anticorrupción retirados, como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, además de periodistas y filósofos.
El ministerio público recuerda que en el decreto de archivo de las diligencias abiertas el 18 de junio de 2020 hizo constar que la investigación desarrollada “no permite ejercitar acción penal alguna contra S.M. D. Juan Carlos de Borbón en atención a las diferentes razones que se exponen a lo largo del Decreto —básicamente, la insuficiencia de indicios incriminatorios, la prescripción del delito, la inviolabilidad del Jefe del Estado o la regularización fiscal—”.
No obstante, subraya que la actuación de la Fiscalía permitió recuperar 5.095.148 euros para las arcas públicas, “cuantía correspondiente a las cuotas tributarias adeudadas por S.M. D. Juan Carlos de Borbón a la Hacienda Pública, incluyendo los oportunos recargos e intereses de demora”.
Y en cuanto a las segundas diligencias de investigación que abrió el 5 de noviembre de 2020, la Fiscalía recuerda que, como señaló en su día, “entre 2004 y 2021 no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 Trust con S.M. D. Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos”.
“En ningún momento ha tenido la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas”, añade.
En todo caso, a partir del 19 de junio de 2014, fecha de la abdicación de Juan Carlos I y del fin de su inviolabilidad, las disposiciones del JRM 2004 Trust fueron, según la Fiscalía, “en unas cuantías que en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública, aun cuando tales fondos hubieran sido eventualmente entregados a un contribuyente español, algo de lo que no existe constancia alguna”.
