Madrid, 8 abr (EFE).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el tercer grado penitenciario al etarra Juan Jesús Narváez Goñi, condenado a penas que suman más de un siglo por dos asesinatos y un atentado, al entender que antes de serle concedido hay que ver “cómo se desarrollan los permisos de salida”.
El fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria, Carlos García-Berro, ha sido el encargado de interponer dicho recurso ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional contra la resolución de la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco por la que se le concedió el tercer grado, según ha informado la Fiscalía en una nota de prensa.
El recurso se fundamenta, como motivo principal, en que si bien el interno muestra buena evolución en el tratamiento penitenciario, es preciso estar a la espera de cómo se desarrollan los permisos de salida, pues tal posibilidad se ha concedido muy recientemente, siendo preciso estar a la espera de su desarrollo.
Narváez Goñi permaneció 22 años huido junto a su pareja, la también etarra Itziar Alberdi Uranga, hasta que ambos fueron detenidos en 2014 en Puerto Vallarta (México), donde vivían con sus dos hijos y trabajaban como masajista y profesora de yoga.
Fue juzgado en España en 2015 y condenado a cientos de años de prisión por el asesinato de dos artificieros de la Policía Nacional en 1991 y por el atentado en una casa cuartel de Torremolinos (Alicante).
Las asociaciones de víctimas del terrorismo, AVT y Covite, denunciaron la concesión de este tercer grado y criticaron que desde que la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco pasó a manos del PSE-EE, hace menos de un año, se han concedido 18 terceros grados a presos de ETA.
La Asociación Víctimas del Terrorismo calificó el tercer grado de Narváez Goñi y otros otorgados recientemente de “indultos encubiertos” que no siguen ningún criterio técnico ni jurídico, concedidos tras cumplir penas “irrisorias”.
No obstante, confió en que, al no haber cumplido este etarra “ni la mitad de la pena”, el fiscal Carlos García-Berro recurriese este tipo de concesiones que, a su juicio, “vacían de contenido las condenas y convierten en papel mojado las sentencias dictadas”.
Por parte de Covite lamentaron que se le concediera sin cumplir el requisito fundamental del arrepentimiento, exigido por la ley para acceder al tercer grado.
Calificaron además de “fraude” que se esté otorgando la semilibertad a los etarras con “el beneplácito de todas las instituciones, incluso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional”, que, según Covite, en los últimos tiempos “avala terceros grados a etarras sabiendo que no están arrepentidos”.
