São Paulo, 29 ago (EFE).- La Fiscalía brasileña se manifestó este viernes en contra del pedido realizado por la Policía Federal esta semana, que solicitó desplegar agentes de seguridad dentro de la casa en la que el expresidente Jair Bolsonaro cumple el mandato de prisión domiciliaria.
En un oficio enviado al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, instructor de las causas que involucran al líder de la ultraderecha, el fiscal general, Paulo Gonet, afirmó que no existe «una situación de seguridad crítica» dentro de la casa de Bolsonaro y, por lo tanto, no hay necesidad en este momento de aplicar medidas «más gravosas» que la prisión domiciliaria.
Sin embargo, el fiscal detalló en el documento que está justificado el refuerzo de la seguridad externa y la «precaución en las inmediaciones», como la calle en la que se encuentra la casa e incluso la salida del barrio cerrado donde vive el expresidente (2019-2022).
Y, para ello, sugirió la posibilidad de un monitoreo con cámaras de seguridad que transmitan en tiempo real el área externa a la casa.
El fiscal general se encargó de elaborar las denuncias contra Bolsonaro y sus aliados por sospechas de haber orquestado un complot para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022.
Para Gonet, Bolsonaro fue «el principal articulador» de la trama que buscó impedir la investidura de Lula y hasta planeó asesinarlo.
Esta semana, De Moraes reforzó la seguridad externa en el domicilio de Bolsonaro alegando un posible «riesgo de fuga», tras haber encontrado dentro de un teléfono incautado un borrador de un pedido de asilo en Argentina.
Al conocerse la decisión del magistrado, la Policía afirmó que el fortalecimiento de la seguridad externa es insuficiente para impedir un posible intento de fuga.
Entre los argumentos expuestos por la fuerza de seguridad está que la tobillera electrónica que utiliza el expresidente, que le fue impuesta como medida cautelar en el marco de una investigación paralela a la causa por golpismo que enfrenta en el Supremo, depende de la señal de las operadoras de telefonía celular y podría sufrir fallas o interferencias.
Tras la manifestación de la Policía y la Fiscalía, cabe al magistrado a cargo de la causa decidir cómo quedará definida la prisión domiciliaria del exmandatario hasta que se dicte sentencia sobre el juicio, cuya fase final comenzará el próximo 2 de septiembre.
