Bangkok, 1 may (EFE).- La Oficina del Fiscal General de Tailandia informó este jueves de que ha decidido retirar los cargos contra el académico estadounidense Paul Chambers, acusado de vulnerar la ley de lesa majestad, que protege de toda crítica a la monarquía de ese país.
En un comunicado, el organismo público, que evita precisar la razón para no continuar con el proceso, señala que el fiscal de la provincia de Phitsanulok, donde fue acusado Chambers, pedirá al tribunal encargado del caso que libere al acusado, que se encuentra en libertad provisional bajo fianza.
El expediente de la Fiscalía sobre la retirada de los cargos se enviará además dirección de la Policía encargada del caso.
Ese jueves expira el segundo plazo de libertad provisional concedida el 10 de abril a Chambers, quien previamente pasó dos noches en la prisión provincial de Phitsanulok, a unos 400 kilómetros al norte de Bangkok.
El arresto del académico, de 58 años, se produjo el 8 de abril a raíz de una denuncia presentada por el Ejército que acusaba a Chambers de vulnerar la ley de lesa majestad por la publicación de un anuncio sobre una conferencia en la que participaba y que giraba en torno a la monarquía y los nombramientos militares, sin que se haya especificado el contenido por el que se presentó la denuncia.
El grupo Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos (TLHR), que representan al profesor de la Universidad tailandesa Naresuan, argumenta que Chambers no era ni el autor ni quien publicó el anuncio de la conferencia, organizada por el Instituto ISEAS-Yusof Ishak de Singapur.
Recogida en el artículo 112 del Código Penal, la ley de lesa majestad establece penas de entre 3 y 15 años de cárcel para quien difame, insulte o amenace al rey, la reina o el príncipe heredero, una de las leyes más draconianas del planeta en este terreno.
El académico también fue acusado de vulnerar la Ley de Delitos Informáticos, cargo que la Fiscalía también ha decidido retirar.
El miércoles, en una vista paralela, un tribunal decidió retirar el dispositivo de seguimiento electrónico al acusado, a quien las autoridades de inmigración revocaron el permiso de estancia en el país y a quien le retienen el pasaporte.
El Gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación por este caso y reclamó a las autoridades tailandesas “garantizar que las leyes no se utilicen para reprimir la libertad de expresión”.
En 2020, un movimiento liderado por jóvenes universitarios salió a las calles de la capital tailandesa para reclamar profundas reformas democráticas en el país y lograron abrir el debate público sobre el papel de la todopoderosa monarquía, que ha perdido en los últimos años adeptos entre los tailandeses.
Al menos 278 personas, incluidos menores, han sido acusadas de lesa majestad desde noviembre de 2020, según los últimos datos de TLHR, mientras que otros 1.938 han sido imputados por delitos relacionados con las protestas o sus expresiones políticas.
