Barcelona, 27 sep (EFE).- La Fundació Pasqual Maragall, dedicada a la investigación y divulgación del mal de Alzheimer, ha valorado este sábado la aprobación de la Comisión Europea del fármaco donanemab para el tratamiento de la enfermedad, pero precisa que el mismo aún no se dispensa en España, donde se deberá llevar ahora un proceso para su autorización.
La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha aprobado la comercialización del donanemab para los enfermos con alzhéimer en fases iniciales, medicación que había rechazado en marzo y que se emplea en Estados Unidos desde mediados de 2024, y que comercializa con el nombre de Kisunla la compañía farmacéutica Eli Lilly.
El director de la Fundació Pasqual Maragall y del BarcelonaBeta Brain Research Center, Arcadi Navarro, indica en un comunicado emitido este sábado que la autorización europea a la comercialización del medicamento es positiva para el tratamiento del alzhéimer en fase inicial, en personas con patología amiloide confirmada.
«Esta autorización -indica Navarro- representa un paso relevante en la lucha contra la enfermedad, en un momento en que cada avance supone una nueva esperanza para las personas afectadas y sus familias».
Comercialización del medicamento
Recuerda que la decisión de la Comisión llega tras «un proceso de reevaluación» de la EMA, que «ha revisado nuevos datos sobre el perfil de seguridad del fármaco, especialmente en lo que se refiere a las anomalías de imagen relacionadas con el amiloide (ARIA)».
Navarro explica que el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) ha concluido que los beneficios superan a los riesgos en una población de pacientes restringida, aquella con una o ninguna copia del gen APOE4, y que, además, ha recomendado medidas de seguridad específicas.
«Desde la Fundació -incide su director- celebramos este avance regulador, pero también queremos poner de relieve que la disponibilidad real del tratamiento dependerá de las decisión que se tome a escala nacional respecto a su evaluación, financiación y acceso».
La Fundació, agrega Navarro, apuesta por «una implantación rigurosa, equitativa y basada en la evidencia científica», que garantice «que cualquier nuevo tratamiento llega a los pacientes que se pueden beneficiar de manera segura y justa».
