Manila, 23 jun (EFE).- La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, pidió este lunes anular el juicio político que sigue la Cámara baja en su contra y se declaró no culpable de las acusaciones de corrupción y malversación, en medio de una disputa con el presidente, Ferdinand Marcos Jr.
En el último día para enviar su respuesta al Senado, la vicepresidenta envió un documento de unas 250 páginas en el que afirma que la demanda de destitución en su contra «debe ser desestimada porque es nula de pleno derecho».
La Cámara de Representantes aprobó el pasado febrero un proceso de destitución contra la vicepresidenta, tras acusarla de corrupción y de utilizar de forma indebida fondos reservados, así como de haber amenazado de muerte al presidente, Ferdinand Marcos Jr.
De ser encontrada culpable, Sara Duterte quedaría inhabilitada de por vida y no podría presentarse como candidata a las elecciones presidenciales de 2028.
En su respuesta, Sara Duterte denuncia las pruebas presentadas hasta ahora «por ser falsas, engañosas, impertinentes y meras conclusiones de hecho y de derecho».
“Considerando todo lo anterior, la vicepresidenta se declara no culpable», se lee en la respuesta de la vicepresidenta, hija del expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022).
A Sara Duterte se le acusa de corrupción y de amasar una riqueza inexplicable en función de su salario, además de utilizar de forma indebida 612 millones de pesos (casi 11 millones de dólares) procedentes de fondos reservados tanto de la oficina de la vicepresidenta como del Departamento de Educación, del que era titular hasta que dimitió hace un año.
La hija del expresidente Rodrigo Duterte, encarcelado en La Haya a la espera de ser juzgado por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad, está además acusada de haber dado órdenes de matar a Marcos Jr. si ella misma era asesinada.
Sara Duterte, que ha negado repetidamente los cargos, se juega su futuro político en la decisión del tribunal. Si es declarada culpable de cualquiera de los cargos, se vería inhabilitada en la función pública de por vida, y tampoco podría presentarse como candidata a las elecciones presidenciales de 2028.
El proceso de destitución y la disputa abierta entre la vicepresidenta y el presidente, Ferdinand Marcos Jr., dominan desde hace meses la política filipina, mientras el mandatario insiste en que se encuentra al margen del proceso a pesar de que fue lanzado por sus aliados.
