Madrid, 10 abr (EFE).- La puesta en marcha de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) obligan a la adaptación y mejora del transporte público, a la ampliación de espacios verdes para la movilidad activa que mejoran la calidad de vida, con menores índices de contaminación del aire y de ruido, según expertos.
Así lo han expuesto los participantes en la jornada sobre ‘Las ZBE, la movilidad activa y los retos del transporte público’ organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Asociación de Transportes públicos urbanos y metropolitanos (ATUC) en Madrid.
El secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna, ha subrayado que la implementación de las ZBE “debe ir acompañada de una mejora en el transporte público, de la ampliación de la infraestructura dedicada a la movilidad activa y de una planificación estratégica que permita una transición eficiente y equitativa”.
Martínez-Sicluna ha señalado que las ZBE son una apuesta para el replanteamiento de transformación de las ciudades, que, más allá de reducir la contaminación y mejorar la salud, representan una oportunidad para reorganizar la movilidad urbana adaptándose a las exigencias de sostenibilidad y eficiencia y recuperar espacios para las personas.
Para todo este desarrollo, es necesario el apoyo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, para garantizar que los municipios cuenten con medios suficientes, según Martínez-Sicluna, quien ha valorado el compromiso de esa cartera para “acompañar a los ayuntamientos en el proceso, brindando apoyo técnico y financiero”.
El alcalde de Badajoz y presidente de la Comisión de Transporte, Movilidad e Infraestructuras de la FEMP, Ignacio Gragera, ha apuntado las dificultades que afrontan algunos municipios para la implantación de las ZBE y ha pedido mayor “flexibilidad y comprensión” y que se atienda a las necesidades específicas de cada caso, ante el reto de “mejorar la vida de las personas con una movilidad y vida más sostenibles”.
Por su parte, Miguel Ruiz, presidente de la Asociación Nacional de Transporte Urbano y Metropolitano (ATUC), que aglutina a cien empresas públicas y privadas, ha pedido “una moratoria” para la implantación de las ZBE “para que los ayuntamientos no pierdan las subvenciones”, porque la adaptación “no está siendo fácil”, y ha recordado que “aún no existe una norma de financiación del transporte público urbano”, que es un “aliado de la transformación de las ciudades”.
El coordinador del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), de la Secretaría de Movilidad del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Alejandro Martos, ha recordado que esa cartera ha colaborado con fondos europeos en préstamos y con donaciones sin devolución para la adaptación e implantación de las ZBE.
Ha explicado que el PRTR vigente hasta 2026 ha adjudicado 1.500 millones en dos convocatorias, con más de 290 expedientes beneficiados y más de 1.000 proyectos subvencionados en dos convocatorias 2021 y 2022 y ha subrayado el compromiso de esa cartera con la Ley de Movilidad sostenible, que deberá superar su aprobación en el Parlamento.
Martos ha señalado que el Ministerio “atenderá las peticiones de moratoria”, a pesar de que la Comisión Europea “ha dicho que no es factible una prórroga” para la implantación de las ZBE.
El secretario general de ATUC, Jesús Herrero, ha puesto en valor el impacto del transporte público urbano, que “mueve 4.500 millones de viajes al año, con una frecuencia diaria de seis millones” y ha llamado a “hacer conciencia a la administración y a la ciudadanía sobre un servicio elemental”.
Representantes de los Ayuntamientos de Bilbao, Málaga y Soller (Baleares) han expuesto sus casos de adaptación y puesta en marcha de las ZBE en una mesa redonda posterior.
