San Juan de Sumapaz (Colombia), 6 jul (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó este domingo como víctimas de la guerrilla de las FARC y del Estado colombiano a las comunidades rurales bogotanas de Usme y Sumapaz afectadas por el conflicto armado durante las últimas dos décadas del siglo XX y la primera del XXI.
«Esta acreditación es importante porque prácticamente fuimos abandonados. Se vivió mucho dolor, se vivió tristeza. Muchas veces, por desconocimiento, no se había podido hacer nada», expresó a EFE Carmen Adriana López, vocera de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas de Sumapaz.
La mujer sufrió la crudeza del conflicto cuando su pareja, el edil de esa localidad Guillermo Alberto Leal, fue asesinado por las FARC en 2008, la misma suerte que corrieron en esa época dos compañeros suyos de la Junta de Acción Local (JAL) de esta villa rural de Bogotá.
En el caso 08, mediante el que la JEP investiga crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública en asociación con grupos paramilitares, acreditó como víctima a la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas de Sumapaz, donde está ubicado el páramo más grande del mundo, del mismo nombre.
Y en el caso 10, que indaga sobre los crímenes no amnistiables cometidos por las FARC, admitió como víctima a ese mismo colectivo junto con otros de la localidad de Sumapaz y del caserío Las Margaritas de Usme, ubicada también en el páramo.
Al ser acreditados ante la JEP, el tribunal creado por el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC en 2016, los miembros de estas comunidades podrán participar, hacer preguntas y observaciones en las comparecencias de quienes cometieron los crímenes durante el conflicto armado.
Violencia en Sumapaz
En 1990, el Ejército realizó en Sumapaz la ‘Operación Colombia’ y las FARC respondieron con una ofensiva que puso en medio del fuego a las comunidades de esta zona rural de 78.095 hectáreas, donde los campesinos viven de la producción de leche y carne y cultivos de patata y alverja, principalmente, según la JEP.
La zona era importante para la guerrilla porque con su control territorial podía acercarse a Bogotá y tener un corredor estratégico para moverse por el centro y sur del país.
Eso, explicó el alto tribunal, «llevó a enfrentamientos con el Ejército y constantes bombardeos», por lo que «la población civil quedó atrapada en medio de estas confrontaciones, sufriendo desplazamientos forzados, amenazas, homicidios, detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos».
«Entre 1986 y 2001 se registraron en el Sumapaz 154 acciones armadas en las cuales estaban involucradas diferentes estructuras armadas ilegales. En su mayoría fueron iniciativas de la guerrilla y recayeron en la población civil», precisó la JEP.
En esta época, «uno de los patrones de violencia más recurrentes» en la región era «la estigmatización de la población local, debido a la falsa correlación entre la presencia de las FARC en el territorio, y el relacionamiento con las luchas sociales y agrarias históricas de la región», explicó la Jurisdicción.
Jornada emotiva
La acreditación como víctimas de estas comunidades se llevó a cabo en el caserío de San Juan de Sumapaz, donde los pobladores de la zona, autoridades locales y miembros de la JEP, incluido su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli, vivieron una jornada emotiva.
El acto comenzó con la presentación de la obra de teatro ‘Mantener el juicio’, escrita por el director y actor Fabio Rubiano y coproducida por el Teatro Petra y la JEP, que cuenta historias sobre el conflicto.
Muchos asistentes no pudieron evitar el llanto al evocar con la obra las dolorosas escenas de un pasado violento.
«Es un acercamiento por medio del teatro, por medio del arte que cuenta de manera mucho más directa, mucho más cercana a la población lo que sucedió. Yo creo que toda esa emotividad fue porque precisamente muchos de los espectadores se sintieron identificados en algunas escenas con todo lo que pasó en esta región», afirmó Ramelli a EFE.
Luego, la JEP notificó oficialmente a las víctimas que fueron acreditadas en los casos 08 y 10, y se les explicó a los interesados el alcance de esta decisión.
«Estamos en una zona que infortunadamente fue epicentro de la guerra en Colombia, un corredor estratégico de la guerrilla en algún momento. Es importante venir aquí a donde sucedieron los hechos, estar con las víctimas, con sus organizaciones y hacerles una invitación a que participen en todos los procesos que estamos adelantando en la Jurisdicción», expresó Ramelli.
Jorge Gil Ángel
