Lima, 4 ago (EFE).- La presidenta del Poder Judicial de Perú, Janet Tello, rechazó este lunes cualquier tipo de injerencia política en el sistema judicial y, ante la presidenta del país, Dina Boluarte, se opuso a la propuesta del Gobierno de eventualmente salirse del Pacto de San José por considerar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tiene injerencia en la soberanía nacional.
Durante la conmemoración por el Día del Juez y de la Jueza, Tello realizó estas declaraciones después de que tanto Boluarte como su ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, manifestasen que el Gobierno está evaluando dejar de reconocer a la Corte IDH al calificar sus dictámenes como una «injerencia» contra la soberanía de Perú.
El tribunal internacional recientemente exhortó a la mandataria a no promulgar la amnistía aprobada por el Congreso peruano para policías y militares procesados o condenados por delitos cometidos en el conflicto armado interno (1980-2000) contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
«A pesar de las distintas opiniones, como hombres y mujeres del Derecho, no debemos entender como una injerencia a la soberanía peruana los mandatos de los tribunales internacionales de derechos humanos creados por tratados consensuadamente de los que Perú es parte», apuntó Tello.
«Por ello, sí nos resulta preocupante escuchar posiciones de las más altas autoridades de nuestro país respecto al retiro de la Corte IDH, lo que va en contra de una línea histórica que Perú siempre asumió como promotor constante del derecho internacional, la seguridad colectiva y los derechos humanos en la región y en el mundo», agregó.
Asimismo, apuntó que solo existen dos precedentes de países que hayan optado por dejar el Pacto de San José: Trinidad y Tobago en 1998 y Venezuela, bajo el Gobierno del presidente Hugo Chávez, en 2012.
Tello también destacó la figura del «control difuso» que permite a los jueces y juezas inaplicar leyes que, a su criterio, son inconstitucionales, ya que esto permitió «neutralizar leyes que, en contra de la Constitución, permitieron establecer la impunidad y dejar sin castigo a autores de crímenes atroces».
La magistrada incidió que «solo quien desconoce la historia y el derecho puede sostener que ‘hace política el juez o jueza que inaplica una ley que no es constitucional'».
«No aceptamos injerencias políticas a este poder del Estado ni que se repitan episodios trágicos que en nuestra historia republicana convirtieron a la judicatura en un instrumento de la política. No tengan duda alguna de que siempre pondremos a nuestra carta magna por encima de todo», sentenció Tello.
Boluarte insiste en desacatar a la Corte IDH
A su turno, Boluarte, que tiene varias investigaciones abiertas en la Fiscalía como la muerte de al menos 59 personas durante la represión a la ola de protestas que se sucedieron tras su llegada al poder, luego de la detención y encarcelamiento de Pedro Castillo (2021-2022) por su fallido golpe de Estado, se ratificó en sus palabras al señalar: «Hoy debemos advertir con firmeza que pretenden amenazar nuestra soberanía ciertas injerencias internacionales».
«La Corte IDH actúa como si el Perú siguiese siendo un virreinato o una colonia de un país o de cualquier entidad internacional. Busca intervenir en nuestra capacidad soberana sobre los asuntos que competen únicamente a nuestro país, Estado, poder legislativo y poder judicial. Desde aquí quiero que sepan que esta pretensión no la vamos a permitir», dijo Boluarte.
Para la gobernante, «se intenta subvertir a las instituciones presionando para que jueces o juezas se enfrenten al poder Legislativo y al Ejecutivo».
«Esto es inaceptable. Por eso no aceptaremos que se intente socavar la independencia de nuestras instituciones, del Estado con llamados a no aplicar la legislación peruana que emana de una nación libre, llamados irresponsables que son difundidos por entidades interesadas en destruir nuestro sistema democrático», apuntó Boluarte.
«El Perú es y seguirá siendo país defensor de los derechos fundamentales y derechos humanos. No permitiremos que instituciones internacionales o nacionales influidas por ideologías totalitarias y desfasadas pretendan someter a Perú a sus designios ni que se pongan de lado de quienes en su momento violaron los derechos humanos de nuestros compatriotas», concluyó.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que ha acompañado y denunciado varios casos de estas violaciones durante el conflicto interno, sostiene que la amnistía «borra décadas de lucha por justicia y verdad» y apunta que más de 150 condenas y 600 procesos «están en riesgo».
El conflicto armado interno de Perú (1980-2000) fue una de las épocas más violentas de Perú, ya que dejó unas 69.000 víctimas, según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
