Mérida, 13 mar (EFE).- El Juzgado instructor de la causa abierta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha citado nuevamente a este a declarar en calidad de investigado por dos nuevos posibles delitos, tráfico de influencias y prevaricación, en la contratación por parte de la Diputación de Badajoz de un antiguo empleado del Ministerio de Presidencia.
Además de a David Sánchez, la jueza titular, Beatriz Biedma, cita también para que declaren en calidad de investigados al ex empleado del citado Ministerio Luis María Carrero, al director del Área de Cultura de la Diputación pacense, Manuel Candalija, y al diputado provincial de Cultura, Ricardo Cabezas.
En un nuevo auto, emitido este jueves tras recibir el informe de la UCO sobre la incorporación de Luis María Carrero como jefe de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación pacense, la jueza entiende que existen indicios de criminalidad en la creación y adjudicación de este último puesto de trabajo en el organigrama de la institución provincial.
La juez remarca a lo largo del auto la amistad profesional existente entre Carrero y Sánchez mucho antes de la incorporación del primero a la Diputación y la existencia de correos electrónicos entre ambos donde, “tal y como se ha expuesto en el atestado, pudiera entenderse que ambos daban por sentado la incorporación de este último” a la Diputación.
“Lo anterior hace muy sospechoso que Luis María Carrero haya ocupado posteriormente un puesto en la Diputación, donde trabaja directamente con David Sánchez”, añade la jueza instructora.
Incide esta en que antes de que se hubieran publicado las bases para la provisión del puesto, David Sánchez envió un correo electrónico a Luis Carrero donde le dice expresamente: “en cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo”.
“De la incorporación -responde Carrero- no tengo noticia ni calendario, lo último que me dijo Candalijas fue que a lo largo de noviembre”, mes que coincide con la fecha de publicación de las bases y solicitud de participación por parte de Carrero.
A la creación de la citada jefatura solo concurrió Carrero, quien fue nombrado en comisión de servicios.
A tenor de ello, la jueza considera que Luis María Carrero habría utilizado “la influencia derivada de su amistad íntima” con David Sánchez para “conseguir la creación y posterior acceso al puesto de Jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas”.
Por lo que respecta a David Sánchez, la titular del juzgado cree que este habría utilizado su influencia en la Diputación de Badajoz para obtener un beneficio propio -“conseguir que la persona que extraoficialmente ya le ayudaba activamente” fuera contratada por la Diputación y pasara a auxiliarle directamente trabajando con él en su mismo despacho- y en beneficio del propio Carrero.
Así, este último consiguió acceder a un puesto creado con la finalidad de “serle adjudicado de forma directa mediante la forma de provisión de comisión de servicios”.
Asimismo, la jueza entiende que Ricardo Cabezas y Manuel Candalija intervinieron “de forma directa” tanto en la creación del puesto de la Jefatura de Actividades Transfronterizas como en la propuesta de cobertura “inmediata y urgente” del mismo mediante comisión de servicios.
Se creo así “una apariencia de legalidad” de un procedimiento “cuya finalidad real era la adjudicación directa del puesto al Sr. Carrero, además mediante comisión de servicios”, fórmula necesaria al tratarse de “un funcionario que ya prestaba sus servicios en otra Administración”.
La jueza se refiere así a que Carrero procedía de la Unidad de Mensaje del Departamento de Asuntos Políticos, dependiente del Ministerio de la Presidencia, donde desarrolló su labor entre marzo de 2020 y diciembre de 2023, mes en el que se incorporó a la Diputación. EFE
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