Madrid, 21 mar (EFE).- La magistrada que investiga por presunto fraude fiscal a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, toma declaración este viernes a dos inspectores de Hacienda que participaron en un informe sobre su empresa Maxwell Cremona que dio pie a la investigación de la Fiscalía que desembocó en la apertura de esta causa.
La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid citó a estos dos testigos el pasado 24 de febrero, después de que González Amador se acogiese a su derecho a no declarar como investigado en la causa, abierta hace casi un año y que nació de una denuncia de la Fiscalía que se basaba en un informe de la Agencia Tributaria sobre la empresa Maxwell Cremona, administrada por el novio de Ayuso.
En este procedimiento principal, Alberto González Amador está investigado por un presunto fraude fiscal de 350.961 euros entre 2020 y 2021 y un supuesto entramado de facturas falsas en la que habrían intervenido presuntamente los otros cuatro investigados en la causa.
El novio de la presidenta madrileña se mostró en un primer momento dispuesto a reconocer estos hechos: su abogado propuso por correo un pacto al fiscal y reconoció en su nombre la comisión de dos delitos a cambio de una rebaja en la petición de pena.
La filtración a la prensa de este correo acabó desembocando en una causa judicial abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos
La magistrada que investiga a González Amador abrió el pasado mes de octubre una pieza separada para indagar si pudo incurrir en “otros delitos distintos”, como corrupción en los negocios o administración desleal, mediante el uso de una sociedad pantalla en el marco de sus negocios con la empresa Quirón Prevención.
Precisamente este jueves ha trascendido que la jueza le ha citado para que declare como investigado el próximo 10 de abril en el marco de esta pieza separada, después de que la Audiencia Provincial avalara la apertura de la misma.
Hace unas semanas, la audiencia madrileña respaldó la necesidad de investigar en una pieza separada la posible utilización de una sociedad pantalla para “ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados” por Maxwell Cremona -administrada por González Amador- y en el presunto pago de 499.836,92 euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención por la adquisición de una empresa en 2020, una operación en la que la Fiscalía ve una posible “comisión encubierta”.
