Madrid, 13 may (EFE).- La jueza que investiga a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso, tiene previsto tomar declaración como investigado este martes al abogado que representó al empresario durante la inspección de Hacienda que acabó desembocando en un procedimiento judicial por presunto fraude al fisco.
La declaración del letrado fiscalista Javier Gómez Fidalgo estaba fijada para el pasado 6 de mayo pero la titular del Juzgado de Instrucción número 19 la pospuso para este martes a petición del investigado, que alegó que no le habían dado traslado del contenido de la causa.
La magistrada Inmaculada Iglesias le imputó en este proceso al considerar que, como defiende la Fiscalía, podría ser cooperador necesario de los delitos que atribuye a Alberto González Amador en la causa principal que sigue contra él y otras cuatro personas por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros y falsedad documental.
Javier Gómez Fidalgo representó al empresario en la inspección de Hacienda que acabó en un informe sobre la empresa Maxwell Cremona, administrada por Alberto González Amador, que sirvió de base a la Fiscalía para presentar la denuncia.
Se trata del abogado que compró el ático situado encima del piso donde viven González Amador y la presidenta regional, y por el que el empresario paga 5.000 euros al mes con opción a compra, según declaró González Amador ante la magistrada el pasado 10 de abril.
González Amador declaró ante la jueza ese día en el marco de la pieza separada de esa causa en la que la magistrada indaga en una presunta corrupción en los negocios en sus relaciones empresariales con la empresa Quirón Prevención S.L.
Negó cualquier irregularidad tanto en esos negocios como en torno al ático, y ya al día siguiente defendió, en un escrito remitido al juzgado, que la investigación por presunta corrupción en sus negocios con Quirón Prevención debería llegar a su fin, porque, asegura, no hay delito ni víctima alguna.
La causa abierta contra González Amador por presunto fraude fiscal -de la que desembocó la pieza separada conocida como ‘Quirón’- derivó a su vez en una querella del empresario contra fiscales de Madrid por presunta revelación de secretos, al filtrarse datos de esa investigación, y finalmente el Tribunal Supremo acabó imputando al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
