Bangkok, 31 jul (EFE).- La junta militar de Birmania (Myanmar) levantó este jueves el estado de emergencia que declaró en febrero de 2021, cuando derrocó a un gobierno democrático, mientras prepara unas elecciones para diciembre cuestionadas desde la oposición y la comunidad internacional.
Como había avanzado a EFE el portavoz del Gobierno militar, Zaw Min Tun, la decisión fue anunciada hoy en los medios oficialistas y supone el fin de la concentración de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo en una sola persona, como ha sido desde el golpe, con el general Min Aung Hlaing a la cabeza de la junta.
Ahora, el poderoso militar -contra quien hay una orden de arresto de la fiscalía de la Corte Penal Internacional por la deportación y persecución de rohinyas- asume el puesto de presidente interino del país y se mantiene como jefe de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con los comunicados publicados.
Los medios oficiales anunciaron además esta mañana la celebración de elecciones para diciembre, sin precisar aún la fecha de esta contienda, que ha sido una promesa del sector castrense desde que tomó el poder por la vía golpista.
El fin del estado de emergencia era un requisito para poder hacer la convocatoria.
Este anuncio va en contra de las recomendaciones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que en julio pidió a la junta alcanzar la paz antes de llamar a las urnas, en un país sumido en un conflicto armado que se agravó desde la asonada, con un amplio rechazo a los golpistas.
Al respecto, los activistas de derechos humanos agrupados en el Consejo Asesor Especial para Birmania dijo en X que se trata de un paso más en el «brutal intento de toma de poder por parte de la junta», a la que acusó de estar «aumentando su lucha por la legitimidad», en vista de que no es reconocida por la gran mayoría de Gobiernos democráticos.
El nuevo escenario
Desde hoy, la junta anuncia el comienzo del «segundo capítulo de un largo camino» hacia la normalización de la vida política en Birmania, donde 22.000 personas han sido detenidas y otras 7.000 asesinadas por los militares en los últimos 54 meses, según los datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos del país asiático.
Los generales prevén convocar estos comicios -cuya fecha aún se desconoce- sin tener el control total del territorio, pues diversas regiones están bajo el dominio de guerrillas étnicas y grupos prodemocráticos.
Además, aunque los dictadores hablan de una elección multipartidista, las formaciones de los principales líderes opositores siguen ilegalizadas y decenas de dirigentes permanecen en el exilio o en prisión, como la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, detenida desde el levantamiento militar.
Aunque la junta lleva meses invitando a las guerrillas a sentarse a negociar, con mediación de China, la mayoría lo rechazan y -según medios locales- algunos grupos opositores preparan planes para boicotear esta convocatoria.
El Ministerio de Exteriores chino, que dijo este jueves seguir «muy de cerca» la situación de Birmania, expresó su respaldo a los anuncios de la junta, calificándolos de esfuerzos por «avanzar de manera constante» conforme a sus propias «condiciones nacionales».
Entretanto, el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), constituido en parte por diputados del Legislativo que se tenía que constituir el día del golpe y que se declara el poder legítimo de Birmania desde la semiclandestinidad, se opone a este proceso, al que tilda de «farsa».
La asonada de febrero de 2021 terminó con una década de transición democrática en el país y generó un fuerte rechazo a esta cúpula militar, lo que desencadenó en un movimiento de protesta que se transformó en una rebelión armada.
En los últimos días, la junta ha endurecido el marco legal electoral con nuevas leyes que castigan con prisión o incluso con la pena de muerte a quienes obstaculicen el proceso electoral, lo que ha generado preocupación entre organizaciones internacionales y actores regionales.
