La Justicia alemana decidirá en el caso que enfrenta a un peruano con la energética RWE

El peruano Saúl Luciano Lliuya dijo en una entrevista con EFE que espera una decisión que "responsabilice a los contaminantes" en vísperas de que un tribunal alemán se pronuncie sobre su caso, en el que acusa a la energética alemana RWE de generar riesgos asociados al deshielo del glaciar situado junto a la localidad de Huaraz por sus emisiones de gases de efecto invernadero. "Esperamos que la sentencia sea favorable y que la corte alemana pueda sentar un precedente que ayude a responsabilizar a quienes están contaminando", afirmó el campesino en una conversación telefónica. EFE/ Germanwatch / Alexander Luna SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Salvador Martínez Mas

Hamm (Alemania), 27 may (EFE).- La Audiencia Territorial de Hamm, en el oeste de Alemania, dictará mañana sentencia en la demanda interpuesta por el campesino y guía de montaña peruano Saúl Luciano Lliuya contra la empresa energética RWE al entender que ésta contribuye con sus emisiones al deshielo del glaciar situado junto a la ciudad andina de Huaraz, donde vive.

En ese tribunal alemán apeló en 2017 con éxito Lliuya, ayudado por la ONG ambientalista Germanwatch, después de que otra instancia judicial desestimara en 2016 la demanda que había interpuesto en 2015, y, tras años de aplazamientos, el caso se encuentra ahora en un momento decisivo.

La clave está en el riesgo que el demandante cree que corre su casa debido al deshielo del glaciar que alimenta la laguna de Palcacocha.

El debate sobre el riesgo

En mayo de 2022, los peritos realizaron visitas técnicas a Huaraz para examinar la amenaza ante un eventual desbordamiento de la laguna como consecuencia del deshielo progresivo que experimenta el glaciar por el calentamiento global.

Hubo que esperar al pasado mes de marzo, cuando se celebraron dos vistas del caso, a que el perito judicial y el experto de la parte demandante expusieran los resultados de sus respectivos informes sobre el riesgo que sufre la casa de Lliuya.

Mientras que el experto designado por el tribunal, el ingeniero Rolf Katzenbach, señaló que sólo había un 1 % de probabilidad de que la casa de Lliuya sufra por una crecida de la laguna, el perito del demandante, Lukas Arenson, veía un riesgo de hasta el 30 %.

RWE espera la desestimación de la demanda

Mientras los abogados de Lliuya trataron sin éxito de recusar al perito judicial, RWE se muestra tranquila sobre la demanda.

Según dijo a EFE un portavoz de la empresa energética alemana, las visitas “dejaron claro que la denuncia carece de fundamento”.

“El perito designado por el tribunal ha demostrado claramente que no existe riesgo de inundación que amenace la propiedad del Sr. Lliuya en un futuro previsible”, afirmó el portavoz de la compañía.

Dos escenarios posibles

Determinar el riesgo es clave, ya que, si el tribunal decide que existe un riesgo jurídicamente relevante para la casa del guía de montaña peruano, pasará a la segunda cuestión probatoria, que se centrará en definir en qué medida han contribuido el cambio climático y las emisiones de CO2 de RWE a este riesgo.

Si el tribunal concluye que Lliuya no está legalmente afectado por una inundación, la demanda será desestimada.

La demanda del agricultor y guía de montaña peruano, considerada por analistas y expertos internacionales un caso pionero en la búsqueda de responsabilidades a una empresa por los efectos de sus emisiones de gases de efecto invernadero, se fundamenta en los artículos 1004 y 823 del Código Civil alemán.

El primero de esos artículos -sobre “protección contra perturbaciones”- permite que una persona pueda exigir al causante de una perturbación que tome medidas para evitarla, mientras que el segundo -dedicado a “responsabilidad por daños”- establece la compensación por daños, en el caso de Lliuya, su propiedad.

La indemnización exigida

Lliuya exige a RWE que pague alrededor del 0,5 % del coste de las medidas de protección necesarias en el lago de Palcacocha, unos 20.000 dólares o 17.600 euros de los 4 millones de euros que costaría levantar un dique de contención.

Independientemente de la decisión que tome el tribunal, el demandante considera que el caso ha abierto un precedente inédito a nivel internacional al haberse admitido a trámite la apelación en 2017, aunque Lliuya quisiera ver ampliadas las consecuencias de ese fallo el miércoles con una sentencia favorable.

“Esperamos que la sentencia sea favorable y que la corte alemana pueda sentar un precedente que ayude a responsabilizar a quienes están contaminando”, señaló Lliuya a EFE esta semana.