Buenos Aires, 25 jun (EFE).- La Justicia argentina recibió en las últimas 48 horas más de 700 pedidos de personas que quieren visitar a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) tras el comienzo de su prisión domiciliaria el pasado 17 de junio, según informó este miércoles uno de los abogados de la exmandataria.
«El Tribunal Oral Federal Número 2 (TOF N.º 2) acaba de protagonizar una escena que quedará en los manuales de la infamia judicial: recibieron 702 mails de ciudadanas y ciudadanos que, de manera espontánea, pidieron visitar a Cristina en su prisión domiciliaria. ¿Qué hizo el tribunal? No respondió ninguno. No procesó las solicitudes. No garantizó ningún derecho», protestó el abogado Gregorio Dalbón en una publicación en sus redes sociales.
Según el abogado, el Tribunal, que rechazó este lunes un pedido de Fernández de un régimen de visitas irrestricto, planteó que es la exmandataria quien debe formular las solicitudes de visitas de personas que no estén incluidas en la lista inicial de familiares, médicos, abogados y asistentes personales que ya fueron habilitados por la Justicia para ingresar a su vivienda sin limitaciones.
«La verdad es clara: no es una medida de seguridad. Es control. Es censura. Es proscripción», opinó Dalbón, que consideró que se trata también de «una forma de aislamiento político y simbólico, que busca destruir lo que no pueden derrotar democráticamente: su liderazgo, su voz, su relación con el pueblo».
Este lunes, el letrado difundió la dirección de correo electrónico del Tribunal e instó a quienes quieran «acompañar, saludar, conversar o solidarizarse» con Fernández a enviar una solicitud para visitarla en la vivienda del barrio porteño de Constitución en el que cumple la pena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
En paralelo, diputados y senadores nacionales del peronismo reclamaron este miércoles a través de un comunicado conjunto el derecho a visitar a la líder del Partido Justicialista sin previo aviso ni autorización judicial, por respeto a «su investidura, la división de poderes y la plena vigencia de la representación política».
