Ourense, 26 mar (EFE).- Un tribunal deberá evaluar el impacto de la ganadería industrial en los recursos hídricos a raíz de la presentación de una demanda pionera contra la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por “décadas de contaminación” en el embalse de As Conchas (Ourense).
Son nueve los demandantes, entre los que se encuentran particulares y organizaciones como la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, con el apoyo de Amigas de la Tierra y ClientEarth, señala un comunicado.
En A Limia, según indican los querellantes, operan cientos de explotaciones intensivas, algo que ha provocado, alegan, un deterioro grave de las condiciones de vida, pues “la población se expone a graves riesgos para su salud y teme beber agua de los pozos, mientras que el hedor no permite ni tan siquiera abrir las ventanas”.
Tras solicitar “reiteradamente” al Gobierno gallego una solución, residentes en el lugar de As Conchas (Lobeira), colindante con el embalse del mismo nombre, han decidido elevar este caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia al entender que se infringe la legislación, tanto la estatal como la europea, no tomando medidas para proteger la salud y el bienestar.
El presidente de la asociación de vecinos, Pablo Álvarez, uno de los demandantes, cuenta que hasta “caminar cerca” del embalse le resulta impensable.
“No obstante, en lugar de alertar a nuestra comunidad del verdadero nivel de contaminación de la zona, las autoridades locales argumentan que el agua está en “buen estado”. “Todos los años nos dicen que los niños pueden bañarse y jugar en el embalse sin que haya ninguna señal que advierta de la toxicidad del agua”, afirma.
No obstante, el nivel de nitratos registrado en el embalse es, a su juicio, extremadamente elevado, lo que supone un “factor de riesgo de distintos tipos de cáncer”, entre los que se incluyen los de tiroides, mama, ovarios, estómago, páncreas y vejiga. Su presencia, continúa, también se ha asociado con el linfoma no Hodgkin (LNH) y la metahemoglobinemia, enfermedad que se origina en la sangre y que puede ser mortal.
La empresaria local Mercedes Álvarez explica que “en los meses más calurosos del año incluso nos da miedo abrir las ventanas para refrescar la casa, porque es cuando el hedor del embalse se vuelve más insoportable”.
“Durante el verano, los dolores de cabeza que tengo desde 2012 empeoran y se vuelven más frecuentes. He ido al médico una y otra vez para ver cuál es la causa, pero no han encontrado una explicación. Yo creo que se debe a esta contaminación. Cada vez va a más, hay días en los que ni siquiera salgo de casa”, detalla.
La abogada de ClientEarth Nieves Noval cree directamente que las autoridades han fallado a las personas residentes de la región de A Limia y de As Conchas. “A pesar de ser plenamente conscientes del impacto real que la ganadería industrial ejerce sobre la zona, continúan autorizando estas explotaciones de manera permisiva y reiterada”, indica en el escrito enviado a los medios de comunicación.
“Familias que llevan varias generaciones en As Conchas han visto cómo su hogar se ha convertido en un vertedero. Esto no puede continuar así”, esgrime.
La representante de Amigas de la Tierra Blanca Ruibal sostiene que “la situación a la que ha llegado la comarca de A Limia es inaceptable. No se puede permitir que una comunidad entera esté sufriendo las consecuencias de la contaminación por ganadería industrial, debido a la falta de control de las administraciones, con graves problemas para su salud y con la imposibilidad de hacer una vida normal”.
Los demandantes, siete de ellos residentes en As Conchas, creen que la Xunta es responsable de la agricultura, ganadería y de la gestión medioambiental local; la Confederación, de la planificación y gestión de los recursos hídricos, y los municipios de Bande, Lobeira, Trasmiras, Os Blancos y Muíños, ayuntamientos también denunciados, del abastecimiento de agua potable a domicilio y de la evacuación y tratamiento de aguas residuales.
La Justicia deberá ver ahora si se están vulnerando derechos fundamentales, como el derecho a la vida privada y familiar y el derecho al domicilio y la protección de la propiedad.
