Madrid, 23 abr (EFE).- La Audiencia Nacional estudia este miércoles si entrega a México a un acusado de violar a su sobrino cuando éste tenía entre 11 y 14 años, unos hechos que la Fiscalía considera que estarían prescritos, mientras la víctima pide que el paso del tiempo no impida que su presunto agresor sea juzgado en su país.
La sección tercera de lo Penal celebra una vista de extradición en la que el fiscal se opondrá a entregar al reclamado, Felipe R., que tiene nacionalidad española y mexicana, al considerar que los hechos por los que está acusado en Ciudad de México -que ocurrieron a finales de la década de los 90 y principios de los 2000- han prescrito.
Según explica la Fiscalía en su escrito de oposición a la extradición, el reclamado -que fue detenido en España en agosto de 2024- está acusado en México de delitos de violación agravada, que en España equivaldrían a cuatro delitos de agresión sexual.
Se le imputa haber agredido sexualmente varias veces a su sobrino, cuando este tenía entre 11 y 14 años, según el escrito.
Al analizar si se cumplen los requisitos previstos en la norma para proceder a la extradición, el fiscal expone que el plazo de prescripción previsto para esos delitos es de 15 años, que habrían transcurrido “con creces” en este caso.
La víctima, sin embargo, denuncia que apelar a la prescripción en estos delitos implica “perpetuar la impunidad de estos agresores” y, en un vídeo difundido en Instagram, deja claro que “las víctimas y supervivientes de violencia sexual e infantil hablamos cuando podemos”.
“Basta de que sean los Estados quienes pongan una fecha de caducidad para que las víctimas hablemos”, reclama Salvador Cacho en una contundente intervención difundida en el vídeo, en el que pide que no se trunque su “esbozo de justicia” y denuncia la revictimización y el cuestionamiento de muchas de ellas, a las que se lleva al límite hasta el punto de desistir.
No es su caso, dice, y reitera: “Si el dolor no prescribe, el delito tampoco”.
La entrega del presunto agresor, insiste, “no es una opción”, sino una “obligación” jurídica y ética, y pide a las autoridades españolas que “hagan todo lo que está en sus manos para regresar y poder seguir el curso de lo que jurídica y penalmente corresponde a este prófugo”.
