Madrid, 21 ago (EFE).- La Audiencia Nacional ha autorizado la entrega a Portugal de un hombre para que sea juzgado por nueve delitos de trata de personas con fines de explotación laboral, tras ser acusado de haber explotado y maltratado en España a temporeros a los que reclutaba en el país vecino.
El Juzgado Central de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional ha acordado esta entrega y ha desestimado así el recurso interpuesto por el acusado contra una primera orden de entrega autorizada el pasado 19 de junio.
Además, la Audiencia Nacional ha condicionado la entrega a que este acusado sea devuelto a España para cumplir condena, en el caso de que le sea impuesta, debido a su arraigo e integración en el territorio español.
El reclamado se enfrenta en Portugal a acusaciones que podrían castigarse con una pena de hasta doce años de prisión. Se le imputa haber explotado a personas en «situación evidente» de vulnerabilidad física y psicológica y en situación de exclusión, a las que reclutaba con falsas promesas de empleo de buenas condiciones.
Sin embargo, cuando llegaban a España eran explotados, no recibían el salario prometido y eran obligados a vivir en tiendas de campaña sin electricidad, agua, ni calefacción, a lo que se le sumaba una alimentación «deficiente», consistente en sobras o comida de mala calidad.
También sufrían malos tratos físicos y psicológicos y amenazas a sus familiares. Las víctimas, procedentes del centro de Portugal, eran ubicadas en lugares aislados, estaban vigiladas constantemente, no podían desplazarse libremente y trabajaban sin descanso durante largos períodos.
Portugal emitió una orden de detención y entrega respecto a este acusado el pasado 11 de junio. Al día siguiente, la Guardia Civil hizo pública la desarticulación de una red criminal en La Rioja que captaba a personas portuguesas vulnerables con fines de explotación laboral, que se saldó con seis detenidos.
La Audiencia Nacional autorizó en junio la entrega del acusado, en un auto que este recurrió alegando que se estaba procediendo a su expulsión de España, que se estaba vulnerando su derecho a la tutela judicial y que al ubicarse los hechos denunciados en España podía duplicarse el procedimiento.
La Sala de lo Penal de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional ha desestimado su recurso, argumentando que lo que se decide es su entrega a Portugal, no su expulsión, y condicionándola a que sea devuelto a España para cumplir una posible pena.
Además, los magistrados niegan duplicidad en los procedimientos judiciales porque en España «no consta la apertura de procedimiento penal alguno para la investigación y enjuiciamiento de estos hechos, ni tampoco el lugar o los lugares donde habrían estado trabajando las personas supuestamente explotadas».
