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La Justicia indonesia ratifica reforma que amplía el acceso de militares a instituciones

Fotografía de archivo del presidente de Indonesia, Prabowo Subianto.
EFE/EPA/TERESA SUAREZ

Bangkok, 17 sep (EFE).- El Tribunal Constitucional de Indonesia ratificó este miércoles la reforma legislativa aprobada en el Parlamento en marzo para ampliar el acceso de militares en activo a puestos en organismos públicos, tras recibir una solicitud formal de revisión judicial de la norma por supuestas irregularidades.

La impugnación legal de la norma fue rechazada con el voto de cinco magistrados del total de nueve que componen la corte, según confirmó la organización Amnistía Internacional (AI) en redes sociales.

El Constitucional indonesio concluyó que el procedimiento por el cual se aprobó la reforma de una ley militar de 2004 garantizó «la representatividad, la transparencia y la legitimidad sociopolítica» de la norma.

El Equipo de Defensa de la Reforma del Sector Seguridad, solicitante de la revisión de la reforma, adujo que el proceso para modificar la ley se llevó a cabo a puerta cerrada y con escasa participación ciudadana y que el documento académico en el que se basaron los cambios no era accesible, unos argumentos calificados de «legalmente infundados» por el tribunal.

Indonesia, la tercera mayor democracia del mundo y la principal economía del Sudeste Asiático, aprobó el 20 de marzo una polémica reforma legislativa para ampliar el acceso de militares en activo a puestos civiles, pese al rechazo de ONG y grupos estudiantiles, que la denunciaron como un paso atrás en el proceso democrático emprendido en las pasadas décadas.

La reforma brindó a los militares acceso a al menos cinco organismos públicos más, entre ellos los que gestionan medidas antiterrorismo y seguridad marítima, así como a la Oficina de la Fiscalía General, que se sumaronn a la decena de instituciones en las que ya podían ejercer, de sectores como ciberseguridad, narcóticos o tareas de rescate.

Los cambios en la norma desataron protestas y peticiones al Gobierno del exgeneral Prabowo Subianto, que llegó al poder en octubre del año pasado, para que paralizara la reforma.

Human Rights Watch (HRW) acusó en su momento al mandatario de disponerse «a restaurar el papel del Ejército en asuntos civiles, lo que durante mucho tiempo estuvo caracterizado por amplios abusos e impunidad».