Loli Benlloch
València, 28 abr (EFE).- La letal dana de la provincia de Valencia del 29 de octubre cumple medio año este martes, con mucho todavía por hacer para la recuperación y una instrucción judicial que avanza con rapidez, dirigida por una jueza de Catarroja que ha tomado ya declaración a 250 testigos y a dos investigados.
Las inundaciones tras unas lluvias torrenciales que desbordaron ríos y barrancos dejaron oficialmente 227 personas fallecidas (una de ellas embarazada de ocho meses) y una desaparecida -se sigue buscando a tres desaparecidos, pero dos ya han sido declarados fallecidos por los juzgados- y daños por 17.880 millones de euros.
De la magnitud de la tragedia cuyas imágenes recorrieron el mundo dan muestra también datos como las 306.000 personas que sufrieron una afección severa, las más de 11.000 viviendas dañadas, los 141.000 vehículos destruidos o las más de 64.000 empresas afectadas en un área de 552 kilómetros cuadrados.
Una instrucción judicial exhaustiva
Mientras se dan poco a poco pasos hacia la recuperación, el ámbito que más avanza es el judicial. La jueza Nuria Ruiz Tobarra instruye desde diciembre la causa penal abierta sobre la gestión de la dana, centrada en los homicidios, las lesiones y “la ausencia de decisiones para salvaguardar a la población”.
En sus exhaustivos autos, la jueza ha apuntado a la “gravísima inactividad” de la Administración autonómica, que pese a tener las competencias de protección civil “fue absolutamente incapaz de avisar, en tiempo y adecuadamente, a la población”, de tal forma que cuando lanzó la alerta a las 20:11 horas “ya se habían producido la práctica totalidad de los fallecimientos”.
Los dos investigados en la causa, la consellera de Interior el día de la dana, Salomé Pradas, y el que era su número dos, Emilio Argüeso, han declarado ya ante la jueza, que ha rechazado las peticiones de imputar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que ha declarado como testigo.
Mazón sigue al frente de la Generalitat
Medio año después de la tragedia, se mantiene al frente de la Generalitat Carlos Mazón, quien el día de la dana mantuvo su agenda, se fue a comer con una periodista y llegó al Cecopi, el órgano encargado de coordinar la emergencia, a las 20:28 horas, diecisiete minutos después del envío del mensaje de alerta.
A Mazón, que remodeló su Gobierno para nombrar un vicepresidente para la Recuperación Económica y Social y un conseller de Emergencias, la oposición le pide a diario que dimita y convoque elecciones por no haber estado a la altura, y ha tenido que limitar algunos actos públicos por los abucheos que ha recibido en la calle.
Mientras la izquierda intenta sin éxito que entregue la factura de la comida de ese día o el registro de llamadas telefónicas y le acusa de “destruir pruebas” por el borrado de las imágenes del Palau de la Generalitat, Vox ha negociado con el PP la tramitación de unos nuevos presupuestos, que esperan aprobar a finales de mayo.
El enfrentamiento con el Gobierno de España ha sido constante en estos seis meses, en los que Mazón ha acusado a organismos estatales como Aemet o la Confederación Hidrográfica del Júcar de ocultar información el día de la dana y al Ejecutivo de Pedro Sánchez de no aportar la ayuda necesaria para la recuperación.
Las protestas sociales continúan
Tras los primeros momentos de limpiar barro, enterrar a familiares y solicitar ayudas, los afectados por las inundaciones se han ido organizando en asociaciones, que además de personarse en la causa judicial protagonizan las protestas en la calle contra la gestión de la máxima autoridad de la Comunitat Valenciana.
‘Mazón dimisión’ es el lema de las seis manifestaciones celebradas en la capital valenciana desde días después de la tragedia y en torno al día 29 de cada mes -la séptima será este lunes, festivo por el patrón de la ciudad-, que han secundado miles de personas para que no se olvide lo ocurrido y exigir que se asuman responsabilidades.
