San Juan del Sumapaz (Colombia), 10 jul (EFE).- El conflicto armado colombiano rompió el tejido social del Sumapaz, una zona rural de Bogotá donde la guerrilla de las FARC tuvo uno de sus mayores fortines hasta comienzos de este siglo y hoy las comunidades trabajan para sanar las heridas de la guerra.
El Sumapaz es la única de las 20 localidades de Bogotá que es rural y alberga, junto a otros municipios, el páramo más grande del mundo, donde viven más de 10.000 campesinos dedicados principalmente a la producción de leche y carne y cultivos de patata y alverja.
En 1990, el Ejército realizó en Sumapaz la ‘Operación Colombia’ y las FARC respondieron con una ofensiva que puso en medio del fuego a los habitantes de esta zona rural de 78.095 hectáreas.
La zona era importante para la guerrilla porque con su control territorial podía acercarse a Bogotá y tener un corredor estratégico para moverse por el centro y sur del país.
Por esa razón la población quedó en el fuego cruzado durante muchos años. Por un lado eran víctimas de la violencia guerrillera y por el otro sufrían la estigmatización por falsos vínculos con las FARC. Todo eso es lo que las comunidades buscan dejar atrás.
«Es una lucha y resistencia bastante cruel para nosotros, pero a la vez somos personas fuertes y resilientes. Hemos tratado de emprender muchos caminos, al inicio fuimos desplazados y luego la seguridad dependía de nosotros mismos porque nadie nos prestaba atención», expresa a EFE Isis Katherine Espitia, cuya madre, la edilesa de Sumapaz Fanny Torres, fue asesinada por las FARC en 2009 junto con su colega Fernando Morales, ambos del Partido Liberal.
Dolor y esperanza
En diciembre de 2008, el cuerpo del también edil liberal Guillermo Leal Mariño fue encontrado sin vida luego de que las FARC lo secuestrara un mes antes en esa región.
Las heridas de estos crímenes siguen abiertas, como lo manifiesta entre lágrimas Espitia, quien considera que no sólo ocurrió «la destrucción de un ser humano tan bonito como era mi mamá», sino que también rompió una familia.
«Cuando ocurrió el crimen de mi mamá yo estaba embarazada, tenía cinco meses y dos semanas de embarazo y no podía ser tan extensa en el tema del duelo», agrega.
Al igual que Espitia, Carmen López sufrió la violencia porque su esposo era el edil Leal Mariño, cuyo homicidio no sólo marcó a su familia sino también a la «comunidad entera».
«Era una de las personas que luchaba por sus derechos, los de las comunidades. Era una persona que vivía muy pendiente de trabajar por ellos y desafortunadamente las FARC lo secuestraron (…) Esto marcó a nuestra comunidad, la parte económica, la parte cultural, la parte de mujeres, todo esto prácticamente se acabó, hubo un tejido social totalmente roto con todas estas situaciones», agrega López a EFE.
Por eso mujeres como López, vocera de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas de Sumapaz, trabaja por la unión de la comunidad.
«Se ha hecho un trabajo psicosocial, hemos realizado velatones (…) sanación a la comunidad», expresa López, quien destaca: «Eso ha ayudado a que nos unamos un poco más».
Un nuevo paso para las víctimas
El domingo pasado, en una jornada en la que muchos habitantes de la región evocaron los días más difíciles de su vida, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó como víctimas de las FARC y al Estado colombiano a las comunidades rurales bogotanas de Usme y Sumapaz afectadas por el conflicto.
La JEP es una entidad pública e independiente que nació en 2017 como parte del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las FARC.
En el caso 08, mediante el cual la JEP investiga crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública en asociación con grupos paramilitares, acreditó como víctima a la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas de Sumapaz.
Y en el caso 10, que indaga sobre los crímenes no amnistiables cometidos por las FARC, admitió como víctima a ese mismo colectivo junto con otros de la localidad de Sumapaz y del caserío Las Margaritas de Usme, ubicada también en el páramo.
«Esta fue una región muy azotada en el marco del conflicto, se conoció como un corredor estratégico donde hacia los departamentos del Tolima, Huila, Caquetá y Meta se llevaron secuestrados. Y hubo una estigmatización en esta zona que buscamos revertir», expresa a EFE el magistrado de la JEP Camilo Suárez.
Por eso, la acreditación de la Jurisdicción supone una oportunidad para las víctimas, que hoy viven en paz y confían en encontrar justicia.
Jorge Gil Ángel
