Buenos Aires, 29 abr (EFE).- La política de ajuste y “liberalización” económica del Gobierno del ultraderechista Javier Milei supone un dilema para el sindicalismo argentino, que se debate entre aumentar el nivel de confrontación o mantener vías de diálogo en un complejo escenario laboral.
Golpeada por el ajuste, la economía argentina cayó el 1,7 % en 2024 y el desempleo se ubicó sobre finales del año en el 6,4 %, con un alza interanual de solo 0,7 puntos porcentuales.
El dato, sin embargo, esconde un alto nivel de informalidad (42 %) y de empleo por cuenta propia, y la destrucción en 2024 de medio millón de trabajos registrados, incluyendo 100.000 asalariados en el ámbito privado y 62.200 en el público, lo que motivó numerosas medidas de fuerza en diversos sectores.
Según fuentes sindicales consultadas por EFE, el Gobierno de Milei, iniciado en diciembre de 2023, no ha intervenido para evitar los despidos en las empresas, ha presionado a las patronales para que no otorguen alzas salariales mayores a la inflación y ha retrasado la homologación de los acuerdos entre empresas y gremios.
De acuerdo al Centro de Investigación y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), desde el inicio del Gobierno de Milei y hasta diciembre pasado el poder adquisitivo de los salarios registrados se contrajo un 5 % en términos reales.
“Han sido negociaciones muy duras, con un resultado heterogéneo. Hay gremios que lograron mantener cierto poder adquisitivo de los salarios y otros que han perdido”, dijo a EFE Claudio Moroni, ministro de Trabajo durante el Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023).
Según Moroni, la actitud del sindicalismo, que ha hecho tres huelgas generales contra el actual Gobierno, ha sido “razonable” y el conflicto no es tanto con las empresas sino con el Ejecutivo.
Argentina tiene una larga tradición sindical, con amplia representatividad entre los trabajadores formales.
La mayor central obrera es la Confederación General del Trabajo (CGT), de raigambre peronista y donde se concentran los sindicatos de sectores productivos de mayor peso, mientras que la otra central, la CTA, está dominada por sindicatos de trabajadores estatales.
Aunque las divisiones internas y hasta las fracturas formales han atravesado a ambas centrales a lo largo de su historia, el complejo escenario actual les plantea el desafío de conservar cierta unidad entre los que pugnan por endurecer la lucha obrera y los sectores más “dialoguistas” que se resisten a elevar el nivel de confrontación con el Gobierno.
“Es un dilema. El sindicalismo claramente no comparte la ideología del Gobierno, que pretende la eliminación del sistema de representación sindical; ni su modelo económico, con efectos complejos sobre el empleo. Pero no tiene sentido romper lanzas. La representación sindical debe lograr el equilibrio entre la firmeza en sus posiciones y mantener los canales de diálogo”, sostuvo Moroni.
Según el analista político Jorge Arias, la “capacidad de respuesta” del movimiento sindical “se ha ido debilitando” por diversos factores que incluyen, entre otros, el avance de la precariedad laboral -con menos afiliados a los gremios- y la reconfiguración Internacional del trabajo por los avances tecnológicos.
El Gobierno, además, busca “reprimir” las protestas -incluyendo las sindicales- y alimenta un discurso “demonizador” de los gremios, añadió.
“Los dirigentes sindicales están en el peor de los mundos. Saben que, si toman una actitud muy combativa, van a acelerar su divorcio con buena parte de la clase media y de la opinión pública, pero, al mismo tiempo, sienten la urgencia de representar a sus afiliados en el campo que más duele, que es el bolsillo y los derechos laborales”, dijo a EFE Arias, de la consultora Polilat.
La coyuntura apremia al sindicalismo: en octubre habrá comicios legislativos en Argentina en los que el electorado relevará su real nivel de apoyo al Gobierno, que tiene en agenda impulsar reformas laborales y del sistema de pensiones.
La marcha de la economía será crucial para la elección y ambos -‘bolsillo’ y política- serán determinantes para el accionar sindical de aquí a fin de año.
En principio, la dividida CTA ya ha iniciado un proceso de unificación para fortalecerse, mientras que la CGT se prepara para renovar autoridades en noviembre próximo.
Natalia Kidd
