El Cairo, 2 sep (EFE).- La muerte de 18 jornaleras -en su mayoría adolescentes- en un accidente de tráfico en Egipto es un síntoma más de la precariedad laboral del sector agrícola del país, del que proceden buena parte de las frutas y verduras que llegan a los mercados europeos tras ser recolectadas en su mayoría por mujeres y niñas pobres.
El siniestro ocurrió el pasado 27 de junio en la provincia de Menufiya, al norte de El Cairo, cuando una furgoneta sin las más mínimas condiciones de seguridad volcó mientras trasladaba a un grupo de trabajadoras a un viñedo. El conductor y las 18 jornaleras murieron en el acto.
«Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) Una de las chicas tenía 13 años. Otra, 33. Las demás estaban entre los 15 y los 18. Todas trabajaban 12 horas al día por solo 130 libras egipcias -unos tres euros-, sin contrato, sin descansos y sin protección», relató a EFE la abogada laboralista Rahma Arafat, del Centro de Servicios Sindicales y de Trabajadores (CTUWS).
Exportación a Europa
Buena parte de las frutas y hortalizas que cosechan estas adolescentes, como uvas, naranjas, cebollas o fresas, se exportan a Europa.
La Unión Europea revisa y certifica la cadena de suministro de los alimentos que importa con normas como la IFS (International Featured Standards), sin embargo, «el trabajo en el campo lo hacen niñas y mujeres pobres, desde el amanecer, sin acceso a baños, agua potable o transporte seguro», denunció la abogada.
Aunque la ley prohíbe el trabajo infantil por debajo de los 15 años, permite que los menores de entre 15 y 18 trabajen bajo ciertas condiciones.
Sin embargo, esas condiciones no se cumplen en la práctica, ya que «el problema no es la ley, es que nadie la hace cumplir», apuntó Arafat, «especialmente con los trabajadores sin contrato».
Un informe del Banco Mundial en 2023 reveló que los empleados informales representan el 62,5 por ciento de la fuerza laboral de Egipto, mientras que más del 90 por ciento de los jóvenes egipcios que trabajan lo hacen sin contrato.
Reacción del Gobierno egipcio
En una carta al primer ministro del país árabe, Mostafa Madbouli, el CTUWS acusó a los ministerios de Trabajo y Transporte de Egipto de «negligencia» por la tragedia de Menufiya, al «desinteresarse por completo» de las condiciones en las que se transporta a los trabajadores a las granjas.
En la mayoría de los casos, los jóvenes entran en contacto con estas empresas agrícolas a través de intermediarios, que reciben una comisión «abusiva» y se encargan de proporcionarles el transporte, explicó a EFE el antropólogo rural Saker El Nour.
Este transporte se da en microbuses -furgonetas pequeñas- en las que intentan desplazar a la mayor cantidad de personas posible para ahorrar costes, con un «absoluto desprecio por la vida humana», concluyó El Nour.
El Ministerio de Trabajo de Egipto prometió a las familias de las jóvenes fallecidas 200.000 libras (4.200 dólares) de «compensación por el daño sufrido».
El presidente egipcio Abdelfatah al Sisi, por su parte, indemnizó con 100.000 libras egipcias (aproximadamente 2.100 dólares) a las familias de las 19 víctimas mortales.
Al Sisi también instó a las autoridades a «intensificar los esfuerzos para mejorar el mantenimiento de las carreteras, en especial la zona donde ocurrió el accidente, y para hacer cumplir los límites de velocidad».
No hubo mención alguna por parte del Gobierno egipcio a las condiciones laborales de las adolescentes, que fueron definidas por los medios locales como «mártires de su sustento».
Nueva ley laboral
Egipto ha aprobado una nueva ley laboral, que entró en vigor el 1 de septiembre. Sin embargo, esta sigue sin resolver las tres preocupaciones de los sindicalistas: los contratos temporales, los bajos salarios y el respeto del derecho a sindicarse y a la huelga.
Desde 2017, Egipto permite el establecimiento de sindicatos independientes, pero deben estar aprobados por el Ejecutivo, lo que lleva a que algunos trabajadores «esperen meses o incluso años para recibir un no por respuesta», según Arafat, y «convierte de facto todas las huelgas no apoyadas por el Gobierno de Egipto en ilegales».
Para la veterana sindicalista «no sirve de nada decir que una huelga o un sindicato es ilegal. Cuando las negociaciones fracasen, los trabajadores van a ir a la huelga igualmente».
«Puedes cambiar el texto de la ley, pero si no dejas que los trabajadores se organicen y exijan que se cumplan sus derechos, nada va a mejorar», insistió.
Pablo de Aguinaco
