Murcia, 17 jun (EFE).- La urbanización de la costa y la invasión del dominio público marítimo-terrestre centran esta edición del informe de las Banderas Negras realizado por Ecologistas en Acción, que coloca cada año 48 a lo largo de los 8.000 kilómetros de costa del Estado español.
Este informe, que la organización ecologista realiza desde 2005, se ha presentado este martes en Murcia y recopila 48 puntos concretos del litoral español con problemas ambientales. Se recogen dos por provincia, uno de ellos por contaminación y otro por mala gestión ambiental.
La urbanización de la costa e invasión del dominio público marítimo-terrestre (13), y los vertidos, deficiencias en los sistemas de saneamiento y problemas de depuración (12) suponen la mitad de las banderas otorgadas, seguidos de la afecciones a la biodiversidad (9); la acumulación de basuras, plásticos y microplásticos (5); las obras portuarias o de defensa costera innecesarias o mal gestionadas (4), y la contaminación química (3).
La organización ecologista ha puesto el foco esta edición en el problema de apropiación y ocupación del espacio público marítimo-terrestre en el litoral, «una práctica muy extendida por parte de particulares adinerados y sociedades mercantiles», ha afirmado el portavoz de Ecologistas en Acción, Cristóbal López.
En este sentido, López ha destacado la bandera negra otorgada al matrimonio formado por Alberto Nuñez Feijóo y Eva Cárdenas, por ocupación del espacio público en la playa de O Con, en el municipio de Moaña (Pontevedra).
«Aunque la superficie ocupada no representa una gran extensión como en otros casos, sí es muy relevante que el infractor consorte sea el expresidente de la Xunta y actual presidente del PP de España», ha dicho.
En el informe también se recogen banderas para los propietarios de la urbanización privada en la isla de Toralla (Vigo), “que consideran que toda la isla es de su propiedad y, con el consentimiento institucional, niegan el libre acceso tanto al litoral como al interior de la isla”.
El portavoz de Ecologistas en Acción ha denunciado, además, que es «el propio Estado quien privatiza encubiertamente un espacio público y otorga concesiones a empresas privadas para usos mercantiles que restringen el libre acceso a la población», y ha puesto como ejemplo Isla Pancha (Ribadeo), el Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada (Cantabria) o los chiringuitos en Andalucía.
La sobreexplotación turística también estaría, según este informe, detrás de muchas de las usurpaciones del espacio público. Este año se repite la bandera negra a la construcción del Hotel RIU Palace Tres Islas en las dunas de Corralejo (Fuerteventura), y se otorgan nuevas a la Costa de Trafalgar (Cádiz), el humedal del Salar de los Canos (Almería) y la playa tarifeña de Los Lances.
En este sentido, Cristóbal López ha explicado que Cataluña es la comunidad con mayor presión urbanística en su litoral. De hecho, ha apuntado, los pocos espacios naturales que quedan son objeto de proyectos mercantiles, como el pinar de la playa de La Farella o la parte final del río Rec d’en Feliu (ambos en Girona).
La dana y sus efectos también han sido protagonistas de este informe, que quiere poner el foco en el crecimiento urbanístico en zonas inundables.
«Se están publicando banderas azules en prácticamente todas las playas afectadas por los residuos de la dana solo siete meses después de la tragedia, y sin que haya resultados analíticos sobre el estado de los arenales y el lecho marino, que han recibido residuos y sustancias contaminantes durante meses”, ha denunciado el portavoz de Ecologistas en Acción.
En el caso de la Región de Murcia, las banderas negras han recaído en el Mar Menor por mala gestión, haciendo hincapié en «el gran problema que ahora hay: la entrada masiva de nutrientes de origen agrícola y ganadero que entran a la laguna con las lluvias y los arrastres», ha explicado el representante de Ecologistas en Acción en la comunidad, Pedro Luengo.
La segunda bandera negra otorgada en la Región de Murcia ha sido para la Bahía de Portmán (Cartagena), «uno de los casos de contaminación de la industria minera más graves del territorio nacional», ha apuntado.
Los ecologistas también han querido valorar la movilización social que hay contra muchos proyectos que perjudican el medio ambiente y el litoral, pese a lo lento de los procesos administrativos y judiciales. «La gente no mira para otro lado, la ciudadanía se implica con su tierra», ha asegurado López.
