Bangkok, 16 ago (EFE).- El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU advirtió esta semana del «dramático aumento de la hambruna» en el estado occidental birmano de Rakáin, una de las zonas de mayor intensidad del conflicto entre el Ejército y guerrillas étnicas y hogar de la minoría perseguida rohinyá.
Una «combinación mortal de conflicto, bloqueo del área y recortes en los programas de ayuda» está generando un «aumento dramático» del hambre y la malnutrición en Rakáin, dijo esta semana en un comunicado el PMA.
En particular, en la zona central de Rakáin, el número de familias que no puede cubrir sus necesidades alimenticias ha llegado al 57 %, del 33 % del pasado diciembre.
Se espera, añade el PMA, que la situación en el norte de Rakáin sea «mucho peor» debido a que allí el conflicto es más «activo» y hay problemas de acceso.
La ONU ha alertado en los pasados meses de que la intensificación del conflicto birmano desde el golpe militar de 2021, que puso fin a una década de transición democrática, afecta con especial crudeza a Rakáin, donde los militares se enfrentan al Ejército Arakán.
Hogar de la comunidad rohinyá, el conflicto ha supuesto un aumento de la violencia militar contra la minoría musulmana, que Birmania, de mayoría budista, no reconoce como ciudadanos del país.
Cientos de miles de rohinyás huyeron al vecino Bangladés en agosto de 2017, tras una ola de violencia del Ejército que la ONU califica de posible genocidio.
El PMA indicó que las familias en Rakáin -donde conviven varias etnias- «están siendo forzadas a llevar a cabo medidas desesperadas para sobrevivir: endeudarse, mendigar, dejar de ir a la escuela… Incluso trata de personas».
«Se encuentran en un círculo vicioso», subraya Michael Dunford, director de Birmania del PMA, en el comunicado. «Estamos escuchando historias sobrecogedoras de niños que lloran de hambre y madres que dejan de comer», añadió.
La junta birmana anunció el 31 de julio el fin del estado de emergencia decretado desde el golpe, lo que permite la convocatoria de elecciones en los próximos seis meses, como pretende el régimen castrense, si bien tanto la oposición democrática -encarcelada o en el exilio- y guerrillas anti Ejército rechazan su legitimidad. EFE
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