Bangkok, 14 may (EFE).- El Gobierno de Unidad Nacional (NUG), opuesto a la junta militar que detenta el poder en Birmania (Myanmar), urgió este miércoles a la comunidad internacional a tomar “medidas decisivas” tras el bombardeo del Ejército birmano contra una escuela, que causó la muerte de 20 menores y dos profesores.
En un comunicado, el NUG relató el impacto del bombardeo aéreo el lunes contra una escuela en el municipio de Tabayin, en la región de Sagaing, al norte del país, epicentro del fuerte seísmo de magnitud 7,7 del pasado 28 de marzo, que dejó más de 3.700 muertos.
“Tras el ataque aéreo, aproximadamente 500 residentes de la aldea cercana de Oe Htein fueron desplazados”, dice el escrito, en el que se indica que 102 personas sufrieron además heridas de variada gravedad por el bombardeo del Ejército, que instauró un Gobierno militar tras dar un golpe de Estado en febrero de 2021.
El NUG consideró el ataque un crimen de guerra e instó a la comunidad internacional, especialmente a la Organización de Naciones Unidas (ONU), a “tomar medidas decisivas y presionar a la junta militar para que ponga fin a sus continuos ataques contra la población civil”.
Remarcó que, pese al anuncio de la junta de una extensión del alto al fuego hasta el 31 de mayo para facilitiar la ayuda humanitaria por el terremoto, los “ataques contra civiles se han intensificado, con crecientes ataques contra edificios religiosos, escuelas y hospitales”.
Según datos de la oposición, desde el 1 de enero de 2023 hasta el pasado lunes, el Gobierno militar ha lanzado 2.679 ataques aéreos que han causado daños en 240 escuelas.
El grupo opositor, integrado en parte por diputados del Legislativo derrocado en 2021, aseguró que continuará sus esfuerzos “para que la junta rinda cuentas por estos crímenes ante tribunales internacionales y nacionales”.
La región de Sagaing es uno de los feudos rebeldes de Birmania (Myanmar), donde guerrillas prodemocráticas han ganado terreno al Ejército desde el levantamiento militar, que agudizó el conflicto de décadas entre el Ejército y guerrillas de minorías étnicas.
La ONU, la oposición prodemocracia -que también declaró tras el desastre un cese de hostilidades similar- y varias guerrillas étnicas han acusado a la junta de haber perpetrado centenares de ataques pese al alto el fuego.