![Imagen de archivo de presidentes y presidentas de las Comunidades Autónomas, a su llegada al acto de homenaje de estado a las víctimas de la pandemia de la covid-19 y de reconocimiento al personal sanitario, en la Plaza la Armería del Palacio Real en Madrid. EFE/Emilio Naranjo/ POOL[pool]](https://enclavenavarra.com/wp-content/uploads/2025/03/rss-efedc5437fd1035353de96576be39d9a165a1724355w.jpg)
Madrid, 7 mar (EFE).- La pandemia de covid irrumpió en España en un Estado autonómico asentado pero permanentemente en debate, cuyos mecanismos de coordinación se pusieron a prueba durante meses con sonados picos de tensión como la declaración por el Gobierno central del estado de alarma en Madrid ante la negativa de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.
Aquel episodio resume las dificultades a las que se vio sometido el sistema de cogobernanza autonómica, en el que la Sanidad es competencia de las comunidades, pero el Estado mantiene la coordinación general, la legislación básica y el grueso de la financiación.
Contaron las crónicas de aquel 9 de octubre del primer año de pandemia que Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso transitaron en menos de tres semanas el camino desde la cooperación -tirante pero cooperación al fin y al cabo-, que se había concertado en 14 conferencias de presidentes, hasta la declaración por decreto del estado de alarma en Madrid.
Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que el día anterior tumbó el confinamiento perimetral ordenado por el Ministerio de Sanidad y la urgencia por aplicar nuevas medidas ante el puente del Pilar terminaron de dinamitar todos los puentes de consenso que Sánchez y Ayuso habían refrendado solo 19 días antes en un acto conjunto presidido por 24 banderas de España y de la Comunidad de Madrid.
El aumento de contagios y de la presión asistencial llevaron a Madrid a anunciar “confinamientos selectivos” solo en determinadas zonas, pero el entonces ministro de Sanidad y hoy presidente catalán, Salvador Illa, advirtió desde el principio de que no era suficiente.
Al final, el presidente del Gobierno planteó a Ayuso tres opciones en la línea que el último día de septiembre habían acordado el ejecutivo central y 12 de las 17 comunidades autónomas, pero ante la falta de respuesta y como “la paciencia tiene un límite”, en palabras de Illa, optó por el decreto, que fue tildado de “chantaje” por la Comunidad de Madrid.
Cada domingo, reunión
En los cuatro meses que trascurrieron entre el 15 de marzo y el 14 de junio de 2020, Pedro Sánchez se reunió en 14 ocasiones con los presidentes autonómicos, siempre en domingo y por videoconferencia, para tratar la situación que vivía España en relación al coronavirus, tras la declaración del primer estado de alarma.
Aplicó así el Gobierno un mecanismo de cooperación puesto en marcha 16 años antes por el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que hasta entonces solo se había reunido en seis ocasiones antes y que después únicamente se reuniría otras siete.
En aquellos encuentros a través de las pantallas se abordaron de forma continua las medidas para controlar la pandemia, la recuperación de las competencias y la gestión de la desescalada por parte de las comunidades autónomas y el reparto de los fondos de ayuda a las autonomías.
El jefe del ejecutivo llegó a plantear su deseo de alcanzar unos nuevos ‘Pactos de La Moncloa’ -como los que sostuvieron la incipiente Transición en 1977- para relanzar y reconstruir la economía y el tejido social afectados por el confinamiento, aunque en pocos meses ese impulso se diluyó en el fragor parlamentario.
Esos ‘Pactos de la Moncloa’ fueron defendidos por los entonces presidentes autonómicos socialistas, aunque el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, apuntó que un “pacto auténtico” también pasaba por contar con las comunidades.
Participación autonómica en las decisiones
Más participación en la toma de decisiones reclamaron también los presidentes nacionalistas y los del PP.
El entonces presidente catalán, Quim Torra, pedía en abril a Sánchez que mantuviera el “confinamiento total”, a excepción de los servicios esenciales, porque no quería “que el Gobierno español se equivoque nuevamente”; mientras el lehendakari, Iñigo Urkullu, defendía la elaboración de forma compartida con las comunidades de un plan de vuelta a la normalidad escalonada.
Los ejecutivos autonómicos del PP fueron especialmente combativos, hasta el punto de que la presidenta madrileña llegó a acusar al Gobierno de bloquear en la aduana material sanitario destinado a sus hospitales.
El entonces presidente gallego y actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, urgía en abril de 2020 al Gobierno central a que facilitase más material sanitario, mientras el andaluz, Juanma Moreno, proponía una “gran alianza” público-privada como “única forma” de superar la crisis económica por la pandemia.
De la incertidumbre a la reconstrucción
Pedro Sánchez dijo en la rueda de prensa posterior a la quinta conferencia, la del 12 de abril, que efectivamente las comunidades querían “una mayor capacidad en la toma de decisiones”, pero explicó que debían entender que, “en niveles de tanta incertidumbre” y “ante un enemigo que no descansa”, el Gobierno de España tendía que tomar medidas “en algunas ocasiones de manera muy rápida”.
Por ello solicitaba “el margen de confianza que, lógicamente, debe tener todo gobierno cuando se enfrenta a situaciones tan inéditas y tan impredecibles”.
“La mejor noticia que podrían recibir los españoles al salir de sus casas es saber que sus representantes políticos han sido capaces de superar sus diferencias y diseñar juntos un gran Plan de reconstrucción económica y social para volver a poner en marcha el país”, pronosticó con optimismo.
