Madrid/Santander, 23 may (EFE).- La Federación Empresarial de la Dependencia (FED), el Gobierno de Cantabria y el de Andalucía han protestado por el acuerdo alcanzado en abril entre los Ejecutivos central y vasco para la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), porque supone desigualdad entre españoles.
El pasado mes de abril, la Comisión Mixta del Concierto Económico acordó que el Estado financiará anualmente el 50 % del gasto total que las administraciones vascas certifiquen al Imserso por la gestión de la dependencia. Aunque se prevé un despliegue gradual de la nueva financiación, se garantiza que, en todo caso, en 2027 el País Vasco recibirá del Estado ese 50 %.
La consejera de Inclusión Social de Cantabria, Begoña Gómez del Río (PP), ha calificado este viernes de “absolutamente inaceptable, discriminatorio y contrario al principio constitucional de igualdad” este acuerdo.
Gómez del Río ha recordado que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia establece “claramente” que el sistema debe financiarse al 50 % entre el Estado y las comunidades autónomas. Sin embargo, “la realidad dista mucho de ese compromiso legal”, ha advertido.
“Cantabria ha soportado durante años un esfuerzo desproporcionado, mientras el Estado ha ido reduciendo progresivamente su implicación financiera”, ha añadido. Como ejemplo, ha señalado que en 2024 el porcentaje estatal “se desplomó” al 20 %.
El pasado martes, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Andalucía (PP), Loles López, denunciaba también el acuerdo y acusaba a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de tratar a los dependientes andaluces “con la punta del pie”.
“Tienen los mismos derechos que los del País Vasco”, aseguraba la consejera al denunciar que con el acuerdo en la Comisión Mixta del Concierto Económico, Montero -líder de los socialistas andaluces- concede a Euskadi “un privilegio que niega a Andalucía”.
En la misma línea, la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha censurado la “vulneración flagrante del principio de igualdad entre territorios” en un comunicado de prensa, en el que denuncia el “trato de favor” del Gobierno al País Vasco, “otorgándole el 50 % que marca la ley mientras se niega ese mismo porcentaje a otras comunidades”.
“A día de hoy, las Comunidades Autónomas apenas reciben un 27 % de aportación estatal. Este déficit repercute directamente en la calidad del servicio, en la viabilidad económica de los centros y servicios y, en última instancia, en la dignidad y bienestar de las personas mayores dependientes”, indica la patronal del sector.
Y añade “una contradicción especialmente grave: mientras Hacienda se niega a derogar la ley de desindexación de precios —lo que impide actualizar el valor de las plazas concertadas conforme al coste real de los servicios—, el Gobierno sí firma un acuerdo bilateral que rompe ese mismo techo financiero”.
Por todo ello, la patronal pide diálogo para resolver los problemas del sector: “la infrafinanciación, la falta de personal, la rigidez normativa y la ausencia de un modelo de concertación sostenible”.
