Madrid, 2 jun (EFE).- La ponencia elaborada por la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, propone avalar el grueso de la ley de amnistía, pero, como era previsible, sigue sin despejar el regreso del expresidente catalán Carles Puigdemont, cuyo futuro continuará en manos del Supremo, encargado de aplicar la norma.
El texto del que saldrá la futura sentencia de la corte de garantías plantea respaldar la constitucionalidad de la ley de amnistía, si bien propone estimar parcialmente el recurso que presentó el PP en tres aspectos menores de la norma, según las fuentes consultadas por EFE.
En concreto, aboga por acotar más la aplicación de la ley al decretar que no son amnistiables los hechos posteriores al 13 de noviembre de 2023. También establece que el perdón debe abarcar también a las protestas en contra del “procés” y no solo a las actuaciones en favor de la independencia.
Y, por último, para proceder al archivo de un procedimiento en el Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable en el “procés”, la ponencia obliga a recabar el informe de todas las partes, no solo de la Fiscalía y las entidades del sector público perjudicadas, como dice la ley, sino también de las acusaciones populares.
Lo que no entra a valorar la ponencia son los aspectos más políticos denunciados por el PP, como que la norma posibilitó, con los siete votos de Junts, la investidura de Pedro Sánchez en 2023.
¿Qué pasa con Puigdemont?
De salir adelante la propuesta de la vicepresidenta Montalbán, el aval de la amnistía en principio no despejaría la vuelta a España de Puigdemont, fugado del país desde 2017, porque lo que hace el TC es decir si la norma es o no constitucional, pero no entra en el ámbito de su aplicación ni aborda casos concretos.
Ni Puigdemont ni quien fuese su vicepresidente en el Govern, Oriol Junqueras, fueron beneficiados por el perdón porque el Tribunal Supremo consideró que la malversación que se les atribuye no tiene encaje en la amnistía al concurrir dos circunstancias que la ley dejó fuera de la medida de gracia: los implicados obtuvieron un beneficio personal al sufragar el referéndum con dinero público y eso afectó “potencialmente” a los intereses financieros de la UE.
Por tanto, la situación de los líderes independentistas no estaría afectada por la constitucionalidad de la norma sino por su aplicabilidad al caso en concreto, según explican otras fuentes jurídicas a EFE.
Es decir, a priori habrá que esperar a que el Constitucional aborde los recursos de amparo de cada implicado y en el caso de Puigdemont ni siquiera ha llegado al TC puesto que aún tiene pendiente de resolver un incidente de nulidad en el Supremo, requisito imprescindible para acudir a la corte de garantías.
Próximos plenos del TC
La vicepresidenta del TC expondrá formalmente el texto base, ya repartido este lunes entre los magistrados, en el pleno de la próxima semana y no será hasta dos semanas siguientes, a partir del 24 de junio, cuando se debata y previsiblemente vote en un pleno monográfico.
Son diez los magistrados que formarán parte del mismo -seis encuadrados en el sector progresista y cuatro en el conservador- después de que el exministro de Justicia y también juez Juan Carlos Campo se abstuviese del debate por haberse pronunciado sobre la amnistía en su época en política, y el magistrado José María Macías fuese recusado por hacerlo cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial.
La sentencia que salga de esta ponencia marcará previsiblemente el camino de la veintena de recursos que, hasta ahora, han llegado a la corte de garantías contra la norma.
