Lima, 3 sep (EFE).- El Gobierno de Perú firmó este miércoles un convenio de cooperación interinstitucional entre los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, y de Defensa y de Vivienda para iniciar la reconstrucción del «Alcatraz peruano», una prisión de máxima seguridad en la isla El Frontón, situada a unos siete kilómetros de las costas de Lima y Callao.
Esta semana, la presidenta peruana, Dina Boluarte, anunció que el Ejecutivo va a volver a construir una cárcel en El Frontón, donde ya funcionó anteriormente una prisión comparada con la de Alcatraz hasta que en 1968 fue destruida con explosivos para aplacar un motín de miembros de Sendero Luminoso condenados por terrorismo.
«Decidimos impulsar la viabilidad para la reapertura de El Frontón, un paso histórico que marcará un antes y un después en nuestra política de modernización y reorganización del sistema penitenciario para poner fin al hacinamiento que por décadas sufren los penales en el país», afirmó Boluarte en una ceremonia en Palacio de Gobierno.
Minutos después de que los tres ministros de los ministerios mencionados firmaran el convenio, la mandataria aseguró que con la construcción de este penal con capacidad para 2.000 presos, se aseguran que los delincuentes más peligrosos estén sometidos a un aislamiento efectivo, una distribución estratégica, un régimen estricto con vigilancia las 24 horas del día y con restricciones de comunicación y desplazamiento.
En este sentido, detalló que El Frontón tendrá un acceso completamente restringido para así dar «un golpe certero» a las organizaciones criminales que operan desde los penales.
«Este proyecto contempla una inversión estimada de 500 millones de soles (141 millones de dólares o 121 millones de euros), se desarrollará en un área superior a los 57.000 metros cuadrados, donde se cumplirán los mas altos estándares de seguridad», precisó.
La gobernante agregó que todo el proyecto se realizará bajo criterios estrictamente técnicos gracias a equipos profesionales de los ministerios competentes para así determinar la viabilidad técnica jurídica y administrativa del mismo.
Boluarte sostuvo que con la construcción del penal, el Ejecutivo acaba con décadas de olvido y abandono del sistema penitenciario y subrayó que reducir el hacinamiento es un problema que van a atacar desde la raíz y con mano firme.
«Se trata de una respuesta concreta y valiente es realidad clara y el país exige decisiones concretas (…) el bienestar del país y de millones de peruanos requieren acciones firmes no respuestas tímidas o tibias», dijo.
Por último, adelantó que el Ejército de Perú, a través del Cuerpo de Ingenieros, va a ejecutar el movimiento de tierras en la isla El Frontón para iniciar la construcción del nuevo establecimiento penitenciario.
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, dijo que reconstruir el penal es «una decisión histórica que representa el inicio de una transformación profunda en la política penitenciaria del país, puesto que en la actualidad hay alrededor de 100.000 presos para unas 40.000 plazas.
Además, el ministro de Vivienda, Durich Whittembury, apuntó que el penal contará con tecnología sostenible, una planta desalinizadora y otra de gestión de residuos y un generador de energía eléctrica.
La propuesta de Boluarte de reconstruir la cárcel de El Frontón ha acumulado numerosas críticas que advierten un alto coste de mantenimiento para una prisión en una isla donde no hay nada, lo que supone que todo el abastecimiento de la instalación debe llegar por mar.
Un informe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) había descartado esa posibilidad de volver a tener una cárcel en El Frontón al recordar que apenas podría albergar a 108 presos y que otras prisiones similares como Alcatraz habían cerrado precisamente por su alto coste de mantenimiento, cuando existen otros proyectos en diversas zonas del país para tener cárceles nuevas de mayor capacidad.
