Lima, 26 ago (EFE).- La presidenta del Tribunal Constitucional (TC) de Perú, Luz Pacheco, negó este martes que la reciente sentencia que suspende las investigaciones abiertas contra la presidenta del país, Dina Boluarte, hasta que deje el cargo suponga un blindaje a la mandataria, al señalar que sí pueden abrir nuevas indagaciones mientras sigan las reglas marcadas: no allanar su vivienda ni el Palacio de Gobierno y hacer hasta un máximo de dos interrogatorios.
En una reunión con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), Pacheco defendió el reciente fallo publicado la pasada semana que declaró fundada la demanda presentada por el Gobierno de Boluarte contra la Fiscalía, por las numerosas investigaciones abiertas contra ella que incluyeron hasta un allanamiento a su vivienda donde la Policía tumbó su puerta.
Los magistrados del Tribunal Constitucional dieron la razón a la postura del Gobierno en que el Ministerio Público únicamente pueda formalizar una investigación contra el jefe o jefa de Estado por los delitos contemplados en el artículo 117 de la Constitución que permiten acusar al gobernante: traición a la patria, cierre inconstitucional del Congreso e impedir elecciones.
Pacheco señaló que hay tres investigaciones donde la Fiscalía ya no puede realizar más intervenciones contra la presidenta Boluarte por haber agotado todas las diligencias que esta sentencia permite realizar al Ministerio Público, que deberá proseguir con los demás imputados y, en el caso de la mandataria, esperar a que deje el poder el 28 de julio de 2026 y pierda su inmunidad para entonces poder seguir el proceso.
Muertes, Rolex y policías
La primera investigación el caso de las muertes de alrededor de 50 personas durante la ola de protestas acontecidas al llegar Boluarte al poder, tras la detención y encarcelamiento del presidente Pedro Castillo por su fallido intento de golpe de Estado a finales de diciembre de 2022.
En la misma situación está el caso del ‘Rolexgate’, donde Boluarte está investigada por presunto enriquecimiento ilícito al haber recibido regalos de lujos como relojes de alta gama a cambio supuestamente de favores políticos, lo que llevó a la Fiscalía a allanar su vivienda para buscar estos objetos.
También se encuentra congelado el caso de la desmantelación del equipo especial de la Policía que apoyaba a un grupo de fiscales anticorrupción por presunto encubrimiento de la jefa de Estado hacia su hermano, Nicanor Boluarte, quien se encuentra imputado por presunta delincuencia organizada.
Preservar «dignidad» presidencial
Pacheco se mostró a favor de que la Fiscalía no pueda solicitar el allanamiento de la vivienda del jefe o jefa de Estado ni del Palacio de Gobierno cuando se tiene indicios de presunta corrupción por parte del mandatario o mandataria de turno, al considerar que se debe preservar la «dignidad» presidencial y no saturarle con diligencias de la Fiscalía.
«No nos parece adecuado (el allanamiento) para conseguir pruebas a un presidente en ejercicio. Nos parece una medida desmesurada», señaló Pacheco, quien apuntó que el reciente fallo busca preservar la «dignidad» del cargo presidencial y evitar que sea objeto de medidas como el allanamiento cuando es algo que no ocurre en otros países.
Para la presidenta del TC, el allanamiento realizado a Boluarte no era la única forma que tenía la Fiscalía para conseguir pruebas, al considerar que tenía otras vías sin perjudicar a la jefa de Estado con un registro de su residencia.
Un criterio polémico
Cuestionada por la posición favorable del mismo tribunal sobre el allanamiento que se hizo a Palacio de Gobierno durante el mandato de Pedro Castillo (2011-2022), donde se hallaron 20.000 dólares de presuntos sobornos de ascensos policiales en las dependencias de su secretario, Pacheco señaló que en ese momento se trató de un habeas corpus y que ahora cuentan con más elementos de juicio.
«El ser humano no es un río que avance y no pueda retroceder», dijo Pacheco en referencia a las críticas por la disparidad de criterios en ambos casos, donde las investigaciones de la Fiscalía contra Castillo también proliferaron.
No obstante, recordó que hasta el momento en Perú tres presidentes han sido condenados por corrupción (Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala) sin que fuesen investigados durante sus mandatos, ya que los casos se iniciaron después de que dejasen el poder.
«A ninguno se le hizo una investigación durante su mandato y todos han sido condenados. Puede perderse alguna prueba, pero no todas. Antes no se investigaba (durante el mandato) y tenemos garantías de que se encontrarán a los culpables», aseveró Pacheco.
