Milo Milfort
Puerto Príncipe, 10 jun (EFE).- La prohibición de entrada a Estados Unidos supone un lastre más para la maltrecha economía de Haití, el país más pobre de América en el que muchas familias solo consiguen sobrevivir gracias a los fondos que desde allí manda la diáspora.
De hecho, las remesas suponen un importante porcentaje del Producto Interior Bruto haitiano (más de 16 %), por lo que la disminución de las mismas, además de impactar en la vida de las familias, afectará a sectores como la educación o la sanidad, dado que por cada transferencia de dinero a Haití el Estado retiene 1,50 dólares que destina principalmente a infraestructura educativa.
Además, la decisión de la Administración de Donald Trump se produce en momentos en que numerosos haitianos huyen de sus casas, y si pueden del país, ante la extrema violencia de las bandas armadas, con miles de muertos, heridos, secuestros y violaciones, en medio de una crisis sociopolítica, económica y humanitaria sin precedentes.
Múltiples consecuencias del decreto de Trump
«Desde el punto de vista jurídico, Estados Unidos tiene derecho a tomar tal decisión», y más si la misma se adopta argumentando motivos de seguridad nacional, dice a EFE el doctor en Derecho Dieudonné Barnabas sobre la inclusión de los haitianos en la «lista negra» de ciudadanos de doce países a los que desde el lunes se impide entrar a EE.UU.
Se trata de una medida, afirma Barnabas, que también repercutirá en los haitianos residentes en Estados Unidos -afrontarán mayores dificultades para poder llevarse a sus familiares con ellos- o a los que viajan a ese país por motivos médicos, de turismo o de cualquier otro tipo, como comprar y vender productos, algo «necesariamente beneficioso para la economía» de Haití.
Uno de los aspectos a los que más afecta la prohibición es a las remesas, pues «cuantos más migrantes haya, mayor será la suma» de esos envíos, lo que supone «una aportación considerable a la economía» de Haití, agrega.
En opinión de Emmanuel Paul, periodista haitiano residente en Estados Unidos y propietario de un medio de comunicación que cubre la migración entre los dos países, «Haití tendrá que pagar las importantes consecuencias de esta decisión». Y no serán pocas.
A modo de ejemplo, Paul habla de las restricciones para acceder a las aplicaciones de envío de dinero o a la formulación de rigurosas preguntas para poder realizar esas transacciones.
Pero este periodista, que estudió Economía en EE.UU., va más allá: ello reducirá el poder adquisitivo y repercutirá en la situación de la comunidad haitiana, pues «las empresas se negarán a contratar a haitianos, independientemente de que sean residentes o titulares de TPS (Estatus de Protección Temporal)».
«Hay entidades bancarias que dejarán de realizar transacciones con Haití, retirarán a Haití de su lista (…) Hay instituciones que dejarán de hacer negocios con Haití. Se producirá un aumento considerable de la tasa de inflación», alerta en declaraciones a EFE.
Pero Barnabas ve también la otra cara de la moneda: al no poder entrar en Estados Unidos, en Haití se quedarán las sumas relativas a gastos de viaje, visados y dinero que los visitantes haitianos gastan durante su estancia en ese país.
Revertir la medida
En mayo, el Departamento de Estado de EE.UU. declaró organizaciones terroristas a la coalición de bandas armadas Viv Ansanm (Vivir Juntos) y la pandilla Gran Grif, como habían pedido autoridades haitianas y miembros de la oposición.
«Han ofrecido a la administración estadounidense una oportunidad de oro», pues al haberse producido esa designación, ahora la decisión de prohibir la entrada por motivos de seguridad «está justificada», afirma Paul.
Para revertir esa medida, apunta, Haití puede «llevar a cabo acciones espectaculares, matar a líderes de bandas» y, tras esas «operaciones exitosas», asegurar que la situación ha mejorado y pedir que la prohibición no afecte a los haitianos.
Por su parte, Barnabas manifiesta que las autoridades haitianas pueden proceder por la vía diplomática recurriendo a la negociación para buscar una solución, «pueden endurecer aún más el control sobre las personas que salen del país para convencer a los estadounidenses o poner de relieve la diplomacia comercial de Haití para facilitar la tarea a las personas que van a vender productos haitianos y comprar productos en Estados Unidos».
Al respecto, el Consejo Presidencial de Transición se ha comprometido a «iniciar negociaciones y discusiones técnicas con la administración estadounidense con el objetivo de retirar a Haití de esa lista y preservar los derechos inalienables y legítimos» de sus ciudadanos.
Mientras tanto, las consecuencias de la medida de Trump amenazan con hacerse sentir en el empobrecido Haití.
