Madrid, 14 sep (EFE).- El pleno del Congreso debatirá y votará el martes si inicia el trámite legislativo de una proposición que presentó Sumar hace año y medio para que se cree una Oficina de Prevención de la Corrupción.
La proposición de ley fue registrada en marzo de 2024 y presentada por el que entonces era su portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, pero no se había activado hasta este verano.
Fue este junio, tras ser imputado en el caso Koldo el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, cuando el portavoz de Movimiento Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, relanzó esa iniciativa como un requisito para que continúe la legislatura.
Además, coincide con una medida similar incluida en el plan estatal de lucha contra la corrupción aprobado este 26 de agosto por el Consejo de Ministros.
Ese plan recoge la puesta en marcha de una Agencia de Integridad Pública, la cual asumirá las funciones clave para la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas, aglutinando y coordinando las competencias de varios organismos estatales.
En el artículo 12 de la proposición de ley de Sumar -que tiene 54 artículos- se indica que la Oficina de Prevención de la Corrupción ejercerá sus funciones «sin perjuicio de las que son propias de la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, el Tribunal de Cuentas, la Intervención General del Estado, la Inspección General de Servicios y demás instituciones u órganos equivalentes de inspección, control, supervisión y protectorado.
Por tanto, la Oficina que Sumar pretende crear se complementará con las ya existentes, mientras que la Agencia que recoge el plan estatal tratará de coordinarlas.
No obstante, la Oficina no se limitaría a las funciones de prevención, como su nombre indica, sino que añadiría las de investigación y evaluación, según los artículos 9 y 10, respectivamente.
El cargo de director o directora de la Oficina lo ocuparía una persona independiente, no afiliada a ningún partido político ni sindicato o asociación profesional o empresarial, y cuya elección correspondería al Congreso, para un mandato de cinco años.
El cuerpo de inspección de la Oficina sería seleccionado por oposición o concurso-oposición entre personas que estén en posesión de una titulación superior, según se indica en la proposición de ley de Sumar para crear el organismo.
La Oficina tendría potestad sancionadora y entre las multas que podría imponer figura un máximo de un millón de euros, en el caso de infracciones muy graves y cometidas por personas jurídicas.
