Lima, 31 jul (EFE).- La provincia minera de Pataz, ubicada en el norte de los Andes peruanos, seguirá bajo el estado de emergencia por sesenta días adicionales y después de casi dos años del inicio de esa medida de excepción, con el fin de combatir a las bandas criminales dedicadas a la minería ilegal y otros delitos graves, según un decreto supremo publicado este jueves.
Las Fuerzas Armadas de Perú continuarán con el control del orden interno en Pataz, en apoyo a la Policía Nacional, y se mantendrá el toque de queda en esa provincia andina entre las 22:00 horas (3:00 GMT) y 05:00 horas (10:00 GMT) del día siguiente, dice la ordenanza.
Según el decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, la «inmovilización social» se exceptúa para el personal de salud, de los servicios de agua, vigilancia, energía eléctrica, gas, combustibles, limpieza y funerarios, entre otros.
En su más reciente mensaje a la nación, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, informó que se han realizado 1.140 patrullajes en acciones de control territorial en Pataz, así como en interdicciones contra la minería ilegal.
En la actual gestión de Boluarte (2022-2026) se decretó por primera vez el estado de emergencia en Pataz, a raíz de las decenas de muertos que ha dejado el accionar de mafias asentadas en la zona para controlar las minas ilegales de oro, bajo presión del sicariato y la extorsión.
El más cercano episodio tuvo lugar en mayo cuando trece personas fueron asesinadas en una mina por sicarios contratados para apoderarse del control de esa excavación.
Durante los operativos, los militares ingresaron a socavones, destruyeron bocaminas, incautaron y destruyeron maquinaria pesada, insumos químicos, armas de fuego, municiones, explosivos, combustible y otros bienes empleados por las mafias que operan en zonas de extracción ilegal de oro, cuyos precios internacionales registran máximos históricos, de más de 3.300 dólares por onza (28,3 gramos).
En las operaciones más recientes, llamadas ‘Relámpago I’ y ‘Relámpago II’, el comando policial y militar destruyó equipos y materiales utilizados por la minería ilegal valorados en 803.560 soles (225.000 dólares) y 527.450 soles (148.000 dólares), respectivamente, según informó el ministerio peruano de Defensa.
