Madrid, 18 mar (EFE).- Varias gobiernos autonómicos del PP, entre ellos el madrileño, el aragonés y el valenciano, han manifestado su rechazo más absoluto a la modificación de la ley de extranjería para la redistribución de menores migrantes, mientras Canarias, Cataluña, País Vasco o Ceuta han expresado su apoyo al proyecto.
Tras la aprobación del real decreto-ley en el Consejo de Ministros, que ha sido posible gracias a un acuerdo previo del PSOE y Junts, el PP ha manifestado que no va a incumplir las disposiciones en las comunidades que gobiernan, aunque implementará un plan para oponerse.
Mientras la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha subrayado este martes que lo aprobado por el Gobierno “es una ley y es de obligado cumplimiento”, la posición del PP ha sido criticada por diferentes miembros del Gobierno que han acusado al partido de Alberto Núñez Feijóo de comprar el discurso “racista y xenófobo” de Vox, .
Entre ellos, la titular de Sanidad, Mónica García, ha cargado contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por querer identificar a los menores extranjeros no acompañados con la delincuencia y mostrar así “su cara más racista y xenófoba”.
Ayuso recurrirá ante la justicia y la UE
La presidenta madrileña ha avisado de que recurrirá ante los tribunales y la UE el acuerdo que limita la llegada de menores no acompañados a Cataluña y ha escrito en la red social X: “Ni Cataluña, ni Madrid, ni Canarias. No se puede fomentar la inmigración irregular masiva”.
El Gobierno de Ayuso ha asegurado además que desplazará al centro de menores de Fuenlabrada, un municipio del área metropolitana gobernado por el PSOE, a los más de 700 menores que podría recibir la región. “Sin duda, el lugar mejor preparado para acoger menores es La Cantueña”, han dicho a EFE fuentes de la Consejería madrileña de Familia.
Como Ayuso, también el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este martes que pondrá en manos de sus servicios jurídicos la reforma legislativa del Gobierno y ejercerá una oposición “frontal”, también en Europa, a las políticas “xenófobas” que han acordado Junts y el PSOE.
El president de la Generalitat Valenciana, también del PP, ha dicho por su parte que no aceptarán “más trampas del Gobierno al dictado de los separatistas”, en alusión al acuerdo con Junts.
Algunos presidentes autonómicos del PP han sido más cautos. El andaluz, Juanma Moreno, ha dicho este martes que carece de la información suficiente para opinar sobre esa decisión de “envergadura” de Ayuso de recurrir la decisión del Gobierno y el gallego Alfonso Rueda ha admitido que aún es pronto para decidir si acudirá a la Justicia, aunque ha apuntado que no es algo que se deba descartar.
Otros ejecutivos autonómicos del PP también se han expresado en contra del Real decreto-ley aprobado hoy, entre ellos el extremeño, cuyo consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha acusado al Gobierno central de “imponer” sin diálogo; o el cántabro, cuya consejera de Inclusión Social Begoña Gómez del Río, ha considerado que los 100 millones previstos para financiar la medida es una cantidad “insuficiente”.
El ejecutivo riojano, a través de su portavoz, Alfonso Domínguez, se ha quejado de falta de información; y el balear, por boca de su responsable de Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha lamentado haberse enterado del nuevo reparto de menores migrantes a través de los medios de comunicación.
Un día “importantísimo” y “feliz” para Canarias
En cambio, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado que este es un día “importantísimo” y “feliz” para España y para Canarias por la aprobación de un “un sistema de protección nacional” de los menores migrantes.
Una felicidad que comparte, sin entrar a valorar la posición de otros compañeros de partido, el coordinador general del PP en Canarias y diputado autonómico, Jacob Qadri, que ha celebrado que por fin se vaya a producir el “reparto” de los menores migrantes no acompañados.
El Govern catalán ha mostrado este martes su respeto al acuerdo entre el Gobierno central y Junts sobre la distribución de menores migrantes y su portavoz, Sílvia Paneque, ha asegurado que asumirá con “lealtad” y “respeto” sus resultados, que según Junts hará que Cataluña reciba entre 20 y 30 menores, una cifra que no ha ratificado el Gobierno central.
Por su parte, el Gobierno Vasco ha calificado como un paso positivo, “aunque se puede mejorar”, el pacto sobre el reparto de menores de Canarias y Ceuta, aunque no sabe cuántos llegarán a Euskadi, según la portavoz María Ubarretxena.
La reacción del portavoz del Gobierno ceutí, Alejandro Ramírez (PP), ha sido también favorable al Real decreto-ley y ha reseñado que “la acogida de menores debe ser abordada desde una perspectiva estructural porque es un asunto de todos, ya que la situación es insostenible en Canarias y en Ceuta y en un futuro inmediato puede ser en cualquier otro territorio nacional”.
Desde las filas del rechazo a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha afirmado que el pacto para el reparto de menores inmigrantes no acompañados es una “irresponsabilidad” y ha advertido de que la solidaridad “no va por cuotas”.
