Madrid, 12 jun (EFE).- La reforma de la ley del Poder Judicial ha superado este jueves su primer obstáculo al rechazar la mayoría del Congreso las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox al texto procedente del Gobierno, que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal y blinda por ley las becas para opositores.
El Gobierno y sus socios han votado en contra de las enmiendas presentadas por PP y Vox, grupos que consideran que esta reforma «socava los pilares del Estado de derecho», busca el control de la Justicia por parte del Gobierno y pretende colocar a jueces afines en la judicatura.
Todo ello en un debate bronco en el que ha sido protagonista el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al que el Supremo ha ofrecido declarar voluntariamente ante los «indicios» de su participación en el caso Koldo tras un informe de la UCO que apunta a su «connivencia» en presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública.
La bancada del PP ha interrumpido en tres ocasiones el debate con gritos de dimisión y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha llamado al orden al portavoz del PP, Miguel Tellado, mientras que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha evitado aludir al caso Koldo y ha defendido que esta reforma no pone en riesgo la independencia judicial.
El titular de Justicia ha detallado los aspectos más relevantes de la ley, como el blindaje del sistema de becas, los cambios en el acceso a la carrera judicial y fiscal adecuando las pruebas a las necesidades del trabajo, el cuarto turno o la prohibición de financiación privada de las asociaciones de jueces y fiscales.
Ha defendido el proceso extraordinario de regularización de jueces sustitutos, fiscales sustitutos y magistrados suplentes, uno de los puntos que más rechazo ha despertado por parte de las asociaciones.
PP y Vox creen que la ley busca blindar al Gobierno
Desde el PP, además de cargar contra la presunta corrupción del Gobierno, Cayetana Álvarez de Toledo ha rechazado una reforma que a su juicio busca «impunidad» y la supervivencia del Gobierno. Considera que se busca intervenir en el perfil ideológico de jueces y fiscales y se eliminan pruebas objetivas para seleccionar jueces «afines».
También la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, cree que la meta de la ley es blindar al Gobierno, lo que se une a los «insultos y presiones» a jueces. En su opinión la meta es «adoctrinar» a quienes preparan la oposición y lograr «estómagos agradecidos» por su acceso a la carrera judicial.
Tanto el PP como Vox han aludido a lo dicho por la Comisión Europea sobre la «autoamnistía», así como al procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos.
Denuncias de ‘lawfare’
Las enmiendas de estos grupos no han encontrado apoyos en el resto de partidos.
Junts y EH Bildu han denunciado la existencia de «lawfare» contra Cataluña y País Vasco, una crítica que ha sido contestada por el ministro en su réplica: «Pido respeto para el Poder Judicial, para jueces y magistrados de este país. No puedo pasar por alto ni referencias personales a jueces y magistrados de este país, en tono peyorativo, ni tampoco que se pronuncie una palabra, un anglicismo que me parece inadmisible».
Por parte de Sumar, Enrique Santiago ha denunciado «actuaciones judiciales que son puro derecho penal del enemigo», y que afectan a Unidas Podemos, la familia del presidente del Gobierno y el fiscal general, así como una «guerra contra la democracia» de instituciones supuestamente imparciales coordinadas con PP y Vox.
ERC y Bildu han anunciado enmiendas parciales para que se tenga en cuenta el conocimiento de las lenguas cooficiales y la diputada de ERC Pilar Vallugera ha pedido «acabar con la inmunidad» ante sentencias «manifiestamente injustas tomadas con toda conciencia».
Junts considera las enmiendas de PP y Vox como una «defensa cerrada del franquismo que vino a manifestarse a las afueras del juzgado contra la amnistía cuando ni siquiera estaba aprobada», mientras que Jon Iñarritu (EH Bildu) ha reprochado al PP ser uno de los «mayores artífices del control del Poder Judicial, sus secuestradores efectivos».
Para el diputado del PNV Mikel Legarda las enmiendas de PP y Vox son un «disparate» porque considera un «exceso» que consideren que el proyecto socava los pilares del Estado de Derecho o lo consideren una amenaza a la legalidad.
Desde Podemos han anunciado que aprovecharán el recorrido parlamentario para profundizar en los cambios necesarios para avanzar en la «democratización» de la Justicia, que ven «a merced de intereses partidistas,» y objeto de «un tremendo sesgo de clase, que es conservador y que no representa la complejidad y la pluralidad de la ciudadanía».
