Madrid, 22 may (EFE).- Ana María R.F., secretaria del empresario David Marjaliza, ha confesado en el juicio del caso Púnica que cuando se filtraron informaciones de esta trama de corrupción política, su jefe le ordenó destruir «un montón de documentación», pero luego decidieron colaborar y aportaron toda la que tenían a los investigadores.
La Audiencia Nacional ha reanudado este jueves el juicio de la pieza de Cofely del caso Púnica, en el que se sientan en el banquillo 36 procesados, entre ellos nueve exalcaldes acusados por adjudicaciones de servicios energéticos a la empresa multinacional Cofely, que contrató a Marjaliza como asesor comercial, a cambio de dádivas y comisiones entre 2012 y 2014.
Son objeto de la causa adjudicaciones a Cofely por los ayuntamientos madrileños de Torrejón de Velasco (por 4.111.395 euros), Moraleja de Enmedio (2.861.975), Parla (54.659.019), Alcalá de Henares (11.847.479), Valdemoro (50.280.748), Collado Villalba (35.467.135), Móstoles (60.449.119) y Serranillos del Valle (4.205.589), lo que suma 224 millones de euros.
Quince acusados han pactado con la Fiscalía confesar los hechos a cambio de ser condenados a penas menores, entre ellos los exalcaldes de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (del PP); Parla, José María Fraile (PSOE), y Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (UDMA).
También se sientan en el banquillo otros seis exalcaldes del PP, que no reconocen los delitos por los que están acusados.
En concreto, José Carlos Boza, de Valdemoro; Agustín Juárez, de Collado Villalba; Daniel Ortiz Espejo, de Móstoles; Mario Utrilla, de Sevilla la Nueva, y Carlos Alberto Estrada, de Moraleja de Enmedio, todas ellas localidades madrileñas, además de José García Lobato, de Almendralejo (Badajoz).
Este jueves ha declarado Ana María R.F., para quien la Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales nueve años y tres meses de prisión y que ha pactado con la Fiscalía reconocer los hechos para ver reducida su condena.
Ana María R.F., cuñada de José Carlos Boza -exalcalde de Valdemoro- es la secretaria del también acusado David Marjaliza, empresario de la construcción arrepentido y exsocio de Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid con el Gobierno del PP que presidía Esperanza Aguirre e investigado en otras piezas del caso Púnica.
La fiscal ha preguntado a Ana María R.F. si es cierto que cuando se publicaron informaciones sobre las investigaciones del patrimonio en Suiza de Marjaliza ella ocultó en su domicilio documentación de la colección de las obras de arte que tenía depositadas su jefe en el país helvético.
«Cuando escucharon que había filtraciones igual que destruimos un montón de documentación o hizo que David dijera que se destruyera también sacamos documentos de la oficina. Me dijo: ‘Ana, llévatelo a tu casa'», ha relatado.
No obstante ha recordado que cuando llevaba nueve meses en prisión provisional Marjaliza y ella decidieron colaborar con la justicia y al salir buscaron toda la documentación.
Ana María R.F. ha asegurado que tras los registros efectuados en las oficinas de Pinto los agentes dejaron una ingente cantidad de documentación, «miles y miles de folios y cientos y cientos de carpetas», y que hallaron «cosas que no había encontrado la Guardia Civil» y que aportaron al Juzgado.
Ha añadido que igualmente realizaron gestiones dirigidas a que se pudieran repatriar las obras de arte y ponerlas a disposición de las autoridades españolas «y de hecho están en España e incluso exhibidas en el museo Reina Sofía».
Este jueves también ha declarado el acusado Víctor O.M., que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de cuatro años y cinco meses de prisión y que igualmente ha confesado los hechos para reducir su condena.
Víctor O.M. ha explicado que era gerente administrativo de un periódico digital local y ha confirmado que intermedió entre 2013 y 2014 entre Cofely y el entonces alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, después de que este le hubiera prometido un contrato de publicidad en dicho medio.
Ha relatado que Agustín Juárez pretendía inicialmente que Cofely pagara una comisión de entre 500.000 y 600.000 euros que finalmente quedó fijada en 400.000 para adjudicarle el contrato de servicios energéticos.
