Madrid, 19 mar (EFE).- La Audiencia de Madrid notifica este miércoles la sentencia del caso Mascarillas, en la que se conocerá si los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina son condenados o no por presunta estafa en la compraventa de material sanitario con el Ayuntamiento de Madrid en pandemia por la que cobraron seis millones de euros.
La Sección Séptima de la audiencia madrileña ha citado a los acusados, a sus defensas y a las acusaciones a las 10:30 horas para notificarles la sentencia.
Alberto Luceño y Luis Medina se sentaron en el banquillo el pasado mes de febrero, durante ocho sesiones, acusados de estafar al Ayuntamiento de Madrid en lo peor de la pandemia, cuando firmaron tres contratos para la compraventa de mascarillas, guantes y test de coronavirus por valor de 11,9 millones de dólares y por los que cobraron una comisión total de unos 6 millones.
La Fiscalía mantuvo al final del juicio su petición de 15 años de cárcel para Luceño por delito continuado de estafa agravada, delito continuado de falsedad en documento mercantil y en documento oficial y delito agravado contra Hacienda.
También solicita que pague multas por un importe total de 5,6 millones de euros y que, en el caso de que se considere que las comisiones que obtuvo están sujetas a tributación, indemnice a la Agencia Tributaria con 1,3 millones de euros.
Y que, junto con Luis Medina, indemnicen solidariamente al Ayuntamiento con casi 8 millones de euros.
Para Medina, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, solicita 9 años de cárcel por estafa y falsedad en documento mercantil y que pague una multa total de 450.000 euros.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid, acusación particular en la causa, ratificó que pide para Luceño 11 años de cárcel y una multa de 600.000 euros, mientras que para Medina solicita 9 años y 450.000 euros, así como que ambos indemnicen conjuntamente a la Empresa de Servicios Funerarios con 7,9 millones de euros.
Tanto para esas acusaciones como para las acusaciones populares que ejercen PSOE y Más Madrid están acreditados todos los delitos que se les imputan, ya que engañaron al consistorio para cobrar unas comisiones desmesuradas en un momento en el que morían cientos de personas al día.
Sin embargo, los dos acusados negaron este extremo, argumentando que se negociaron unos precios que el ayuntamiento aceptó pagar a un proveedor malasio, sin que les preguntaran por sus comisiones, y que todo el proceso fue legal.
