Madrid, 3 oct (EFE).- La solución de última hora de la Unión Europea (UE) para salvar el acuerdo con Marruecos y cumplir la sentencia que lo anula revuelve al sector agrario y reactiva un rechazo de varias décadas, por la fuerte competencia de productos como el tomate, sobre todo con el sureste español.
La alternativa aprobada por los países de la UE casi al límite de la fecha que fijaron los jueces comunitarios para cancelar el acuerdo comercial, el 4 de octubre, pretende garantizar provisionalmente la continuidad de un pacto de alto valor diplomático, pero para el sector agrícola es «un parche» e incluso «peligrosa».
El Tribunal de Justicia de la UE anuló hace exactamente un año los acuerdos agrícolas y pesqueros con Marruecos por dictaminar que contravenían los intereses de las poblaciones del Sáhara occidental; el pesquero estaba ya suspendido, pero en el agrario admitió una prórroga de 12 meses.
Las organizaciones agrarias y las cooperativas, en España y en el comité que las representa en la UE (Copa-Cogeca), han rechazado la solución, que interpretan como un mantenimiento de facto de la «competencia desleal» que durante años han criticado y también esta semana, durante la feria Fruit Attraction en Madrid.
Especialmente, porque los envíos marroquíes coinciden en el calendario con zonas como Canarias, Andalucía o Murcia; España es el primer productor de frutas y hortalizas de la UE.
La modificación
La modificación se puede aplicar provisionalmente, aunque tiene que examinarla el Parlamento Europeo y «extiende las preferencias arancelarias previstas en el acuerdo de asociación entre la UE y Marruecos a los productos del Sáhara Occidental, además de sustituir al pacto anulado por el Tribunal de la UE.
Con este cambio, en los productos del Sáhara Occidental se debería indicar que su lugar de origen es ese territorio.
La interpretación del sector agrario es que las preferencias arancelarias de Marruecos se extienden al Sáhara Occidental, pues los certificados de conformidad seguirían siendo emitidos» por las autoridades de Rabat, según el Copa-Cogeca.
«Esto no nos ayuda en nada», ha apuntado a Efeagro el presidente sectorial del tomate de la patronal de exportadores hortofrutícolas Fepex, Juan Jesús Lara, además de recalcar que el sector había visto reconocidas sus reivindicaciones en la sentencia.
Lara, director general de la cooperativa almeriense CASI -la mayor productora española de tomate- ha detallado que en el caso específico de este producto un 50 % de los envíos que entran como marroquíes a la UE provienen del Sáhara Occidental.
Historia
El acuerdo comercial entre la UE y Marruecos data de 1996 y ha supuesto la liberalización de los intercambios agrícolas.
El de 2019 permite importar 285.000 toneladas de tomate marroquí al territorio comunitario sin arancel y con un precio de entrada superior a 0,461 euros/kilo.
Desde 2012 se liberalizaron contingentes para fresas, clementinas u otros bienes hortofrutícolas marroquíes; por su parte, Rabat abrió sus importaciones para transformados o cereales, lo que benefició a países del centro de la UE.
Los precios de entrada han sido motivo de crítica e incluso la organización agraria COAG denunció este año una evasión fiscal millonaria, en un acto de la mano del Frente Polisario, parte que ganó el caso ante el Tribunal de la UE.
Lara apunta que esos precios de entrada deberían actualizarse, teniendo en cuenta la inflación y situarse a 0,9 euros/kilo, porque con la tarifa actual «todo entra».
Ha apuntado que las razones reflejadas por Bruselas en la modificación son: la falta de aduana entre el Sáhara occidental y Marruecos y la «ayuda» al pueblo saharaui se plantea mejorar sus condiciones hídricas, de energía renovable o riego.
Al respecto, señala que la producción de tomate español ha bajado un 50 % en diez años y que la de Marruecos se ha duplicado en el mismo período.
Por ello, ha propuesto un acuerdo en el que se establezcan «precios reales, se controle todo» y haya igualdad de reglas del juego laborales y fitosanitarias entre los productos marroquíes y comunitarios.
Demandas en las que los productores españoles estaban solos hace unos años, pero que ahora también defienden los de Holanda, Portugal o Francia.
