Virginia Vadillo
Murcia, 30 sep (EFE).- Este 1 de octubre se cumplen dos años del trágico incendio que dejó 13 muertos en dos discotecas de Murcia, y los familiares de los fallecidos afrontan el aniversario con una sensación de decepción y frustración por la negativa del juzgado a investigar a ningún responsable del Ayuntamiento pese a las evidencias que han ido aflorando este tiempo sobre los incumplimientos en seguridad de las salas siniestradas.
Los abogados que representan a los familiares de los fallecidos coinciden en que esa falta de investigación contra concejales, funcionarios y técnicos municipales es el punto negro de una instrucción ampliada ayer hasta el 1 de enero de 2026 y que, en estos dos años, ha avanzado de manera «razonablemente ágil».
Han sido citados a declarar decenas de testigos que vivieron en primera persona el trágico incendio, y se han recibido diversos informes periciales que ponen de relieve importantes carencias de seguridad de las discotecas.
Las deficiencias de Teatre (donde se originó el fuego) y Fonda Milagros (donde fallecieron las trece víctimas), ubicadas en la popular zona de ocio nocturno de Atalayas, empezaron a conocerse apenas dos días después del incendio cuando, en una insólita rueda de prensa del concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, del PP, y su antecesor en el cargo, Andrés Guerrero, del PSOE, ambos reconocieron un rosario de irregularidades administrativas al que no se había puesto coto.
Las 13 muertes se produjeron en una discoteca «que no existía»
Las discotecas se ubicaban en una misma nave industrial que estaba dividida en dos por una pared de yeso laminado, una obra que se proyectó en 2017 por los propietarios de Teatre, aunque no se solicitó al ayuntamiento hasta junio de 2019, cuando ya estaba terminada y con Fonda Milagros funcionando, eso sí, sin una licencia propia: Fonda Milagros “no existía” administrativamente, reconocieron los concejales.
A finales de 2020 el Ayuntamiento de Murcia consideró que las discotecas necesitaban una nueva licencia para seguir funcionando con la nueva distribución de la nave, y en enero de 2022, casi dos años antes del trágico incendio, se dictó una orden de cese de actividad que no llegó a ejecutarse: las discotecas debían haber estado cerradas, tal y como reconocieron los dos concejales a los dos días de la tragedia.
Los informes elaborados por los Bomberos y por la Policía Judicial dieron también en las semanas posteriores al incendio la voz de alarma sobre los incumplimientos en materia de seguridad de las salas, especialmente en lo referido a salidas de emergencia y compartimentación contra incendios.
Varios informes periciales posteriores, el último, encargado por la propia jueza a una arquitecta el pasado mayo, corroboran que la división de la nave no se hizo cumpliendo con la legalidad vigente: las discotecas no tenían el número requerido de salidas de emergencia, algunas de ellas estaban bloqueadas o cerradas con llave, se superaba (e incluso duplicaba) la distancia máxima de los recorridos de evacuación, y no estaban compartimentadas para evitar la propagación del fuego.
Estas evidencias han motivado este mismo mes de septiembre que la jueza cite como investigado al ingeniero que proyectó la división de la nave.
Siete imputados, el último un ingeniero
Este técnico es el séptimo imputado en el caso, además del gerente de Fonda Milagros, tres responsables de Teatre, el DJ que organizó la fiesta temática que se celebraba esa noche en la sala y el dueño de una máquina de fuegos fríos que se usó durante la misma y que los investigadores creen que fue la que pudo originar el incendio.
Para las familias de las víctimas, entre los investigados deben estar también los responsables, políticos y técnicos del Ayuntamiento, una petición que la jueza ha rechazado dos veces y sobre la que debe decidir la Audiencia Provincial de Murcia, que todavía no se ha pronunciado al respecto.
El abogado José Manuel Muñoz, que representa a los familiares de tres de las víctimas mortales, opina en declaraciones a EFE que esta carencia hace que la instrucción esté siendo “nefasta”. “Todos hemos tenido claro que el ingeniero que diseñó la división de la nave era responsable, pero ese proyecto fue visado por el Ayuntamiento, fue aprobado a pesar de contener flagrantes incumplimientos de la ley en materia de seguridad”.
En la misma línea, el abogado Pedro López Graña, que representa a los familiares de dos de los fallecidos, insiste en que el Ayuntamiento “no puede quedar al margen de esta tragedia” y en que “existen indicios claros de que hubo omisiones graves en el control, en la ejecución de las órdenes de cese y en la vigilancia de las condiciones de seguridad de los locales”.
Comparte este parecer la abogada Rosa Egea, que representa a los familiares de una de las fallecidas y a varias víctimas supervivientes, y apunta que, aunque a priori la responsabilidad de una administración se suele dirimir en la vía contenciosa, la gravedad de esta tragedia y el elevado número de fallecidos hace que los responsables municipales deban estar investigados en esta misma fase de instrucción.
Entre tanto, el sentir de las víctimas, lamentan sus abogados, es que han sido abandonadas por una administración que no ha brindado ningún tipo de ayuda, que no ha asumido responsabilidades y que no ha tomado medidas para que un suceso similar no vuelva a repetirse.
