Madrid, 20 jun (EFE).- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha accedido este viernes a la sede del PSOE, en la calle de Ferraz, a petición del Tribunal Supremo, para clonar el correo corporativo del exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán, investigado por adjudicaciones presuntamente irregulares.
También han acudido, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, al Ministerio de Transportes, después de que el juez haya requerido a su titular, Óscar Puente, que facilitara a los agentes «el acceso y clonado» de la cuenta de correo corporativa del exministro José Luis Ábalos, otro de los principales investigados.
La UCO ha accedido asimismo a las instalaciones de ADIF y de la Dirección General de Carreteras para requerir la información que ha solicitado el juez del Alto Tribunal Leopoldo Puente.
Fuentes de Transportes han reiterado a EFE su «máxima disposición» a colaborar con la investigación.
No se trata de registros sino de requerimiento de información, apuntan las fuentes, ya que el magistrado del Supremo, en un auto conocido este viernes, ha rechazado la petición formulada por las acusaciones populares de registrar la sede del PSOE y el despacho de Cerdán al tratarse de una medida «limitativa de derechos» que no sería útil en este momento.
En dicho auto, el juez imputa formalmente al exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán y ordena investigar su patrimonio, y extiende la investigación a cinco empresarios ante la sospecha de que pudieron pagar mordidas por adjudicaciones irregulares.
El juez Leopoldo Puente quiere acceder al correo electrónico corporativo de Santos Cerdán en el partido, ya que el exsecretario de Organización se lo habría facilitado al exasesor de Ábalos Koldo García, también investigado, para que le remitiese por esa vía ciertas comunicaciones relevantes.
También ha ordenado el juez que el PSOE facilite a la UCO el acceso y clonado de cualquier otra cuenta corporativa de correo empleada exclusivamente por Santos Cerdán, quien finalmente declarará en el Supremo el próximo 30 de junio.
Aparte del partido y de Transportes, el juez también quiere que ADIF y la Dirección General de Carreteras aporten documentación relativa a una serie de adjudicaciones que estarían bajo sospecha de los investigadores.
A ADIF le requiere información sobre la licitación de la construcción de la integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona), el soterramiento de la red arterial ferroviaria de Murcia, la construcción de plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería, así como otras obras en Monforte (Lugo) y Asturias.
Y a la Dirección General de Carreteras le solicita documentación sobre un tramo de la autovía A-68 en La Rioja; la construcción de tirantes del Puente del Centenario, en Sevilla; la adaptación parcial de la Autovía A-63, en Asturias; un proyecto en la A-32, en Úbeda (Jaén); una obra de conservación de carreteras en Teruel y otra en la A-12, entre La Rioja y Burgos.
El juez ha apreciado indicios «consistentes» contra la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero, y ha deducido testimonio a la Audiencia Nacional para que valore si les investiga, al considerar que el Supremo no tiene competencia.
