Madrid, 2 oct (EFE).- La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha pedido al juez que instruye el caso Koldo en la Audiencia Nacional poder rastrear datos bancarios y tributarios de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y del ex director general de carreteras Francisco Javier Herrero, investigados por presuntas adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones.
Según un escrito remitido esta semana por la UCO al magistrado, al que ha tenido acceso EFE, siendo ambos investigados «facilitadores para las exitosas adjudicaciones proyectadas, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad, resultaría imprescindible para el buen fin de la investigación, conocer si pudieron ser también receptores de cualquier tipo de contraprestación, de la naturaleza que fuere».
Con ese objetivo, la Guardia Civil solicita al juez Ismael Moreno que curse diversos mandamientos judiciales dirigidos a distintas entidades financieras y a la Agencia Tributaria para poder obtener datos sobre el patrimonio de ambos, petición de la que el magistrado ha dado ya traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que informe sobre la pertinencia de estas diligencias.
En total, la UCO pide revisar más de una veintena de cuentas bancarias en distintas entidades que estarían vinculadas al ex director general de carreteras y otras cuatro en las que figura la expresidenta de Adif.
A través de estas diligencias, la UCO pretende conocer los productos financieros en los que estos dos investigados han figurado o figuran como titulares, autorizados o representantes, excluidas las cuentas relacionadas con la entidad pública Adif o entes vinculados a esta, y las de una comunidad de propietarios relacionada con el ex director general de carreteras, por carecer de interés para la causa.
Sobre Francisco Javier Herrero indica que consta como autorizado en cuentas de la sociedad Polis Project y como titular de la mercantil Palta Naturae. De la primera sociedad consta una cuenta abierta en 2015 y de la otra hay constancia de cuatro cuentas abiertas en 2015, 2021 y 2024 dos de ellas.
Entre los datos que pide reclamar a las diferentes entidades bancarias en las que figura cada uno, la UCO quiere conocer los movimientos en esas cuentas desde el 1 de enero de 2017 y que se identifique si hay contratadas cajas de seguridad, así como «todas las informaciones sospechosas de blanqueo» que hayan sido comunicadas al Sepblac, así como las transferencias que se hayan realizado por importe superior a 300 euros.
En cuanto a la agencia tributaria, los investigadores solicitan indagar en los ejercicios de 2017 a 2024 y conocer cuentas bancarias en las que figuren, bienes inmuebles, bienes en el extranjero, relaciones societarias, transmisiones de valores, rentas, cheques, fondos de inversión, facturas emitidas y recibidas, operaciones con terceras personas, rendimientos del trabajo, rendimientos por arrendamiento de inmuebles, donaciones o fondos de pensiones, entre otros aspectos.
La UCO tiene pendiente remitir al juez Ismael Moreno el análisis de toda la información incautada en los registros vinculados a estos dos investigados, acordados a raíz del informe que esta unidad emitió en junio en la causa del caso Koldo que se investiga en el Tribunal Supremo por afectar a aforados -en concreto el exministro de Transportes José Luis Ábalos-, y que supuso el ingreso en prisión del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Lo que se trata es de determinar si, desde los cargos que ostentaban, en la presidencia de ADIF y en la Dirección General de Carreteras, ambos pudieron facilitar información de expedientes o salidas a licitación «siguiendo las directrices que el ministro, a través de su asesor (Koldo García), les impartía», según se recoge en las pesquisas.
«Los hechos que dan origen a las presentes actuaciones», por las que ya declararon ante el juez Pardo de Vera y Herrero, «han revelado que José Luis Ábalos y Koldo García, habrían cobrado presuntas contraprestaciones económicas por su labor en beneficio de las constructoras», apunta la UCO, que considera por ello que la expresidenta de Adif y el exdirector de carreteras también podrían haber recibido contraprestaciones.
