(Actualiza con declaraciones del ministro polaco de Asuntos Europeos)
Bruselas, 27 may (EFE).- La Unión Europea pospuso este martes la votación sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego por la falta de unanimidad entre los Veintisiete sobre la propuesta española, dadas las dudas financieras, legales y políticas que aún mantienen varios países.
El Gobierno español pidió el pasado 9 de mayo que el asunto se sometiese hoy a votación en el Consejo de Asuntos Generales y desde entonces incrementó los contactos con las capitales europeas para lograr su apoyo, pero la petición de Madrid aún no genera el consenso necesario.
Ante esta situación, Polonia, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE y le corresponde moderar las discusiones entre los Veintisiete, decidió aplazar la votación para más adelante.
El ministro polaco de Asuntos Europeos, Adam Szlapka, dijo que si España lo solicita, su país “está preparado” para volver a introducir la cuestión en la próxima reunión del Consejo de Asuntos Generales, prevista para el próximo 24 de junio. A partir del 1 de julio, será Dinamarca quien ostente la presidencia rotatoria.
Según dijo el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, en una entrevista a la televisión 3/24, fueron siete los países que se opusieron a dar su visto bueno a la oficialidad de las lenguas; y aseguró que desde hoy mismo se pondrá en contacto con ellos para convencerles de que cambien de postura.
Fuentes diplomáticas dijeron a EFE que al menos nueve países aún mantienen dudas (Suecia, Francia, Austria, Croacia, Italia, Alemania, República Checa, Finlandia y Eslovenia), frente a Bélgica, Portugal, Eslovenia, Dinamarca y Rumanía, que apoyan abiertamente la propuesta.
En declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión, el ministro finlandés de Asuntos Europeos, Joakim Strand, ya manifestó su deseo de que la petición española no se sometiese a votación “porque la cuestión no está madura”.
Dudas legales
Strand dijo que hay que tomarse “muy seriamente” las “dudas legales” que los servicios jurídicos del Consejo de la UE han expresado de forma oral en las reuniones preparatorias que han mantenido los Veintisiete desde que España planteó la propuesta en agosto de 2023.
Los abogados del Consejo de la UE creen que la petición de España plantea dudas con el artículo 55 del Tratado de Lisboa que hace referencia a las 24 lenguas originales en las que está redactado y que, por tanto, habría que cambiarlo, señalaron a EFE fuentes diplomáticas.
El secretario de Estado español ante la UE, Fernando Sampedro, aseguró que el Gobierno ha presentado a sus socios europeos un informe jurídico “que demuestra” que España tiene “una propuesta sólida en términos legales”.
Y Albares señaló que “si alguien, de verdad, quiere una opinión jurídica, que lo pregunte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
Dudas financieras
Otro de los argumentos que sostienen los países para negar su apoyo es que España no ha presentado un documento con los costes que conllevaría traducir al catalán, el euskera y el gallego las normativas comunitarias ni cuánto habría que pagar a los intérpretes de las instituciones europeas.
La Comisión Europea estimó que podría ascender a 132 millones de euros, según un informe que publicó en 2023 basado en la experiencia del gaélico, aunque concretó que para saber el coste definitivo hay que saber el personal que hay que contratar, qué herramientas de inteligencia artificial pueden ayudar a las labores de traducción, así como el posible periodo de transición que se pactaría antes de la entrada en vigor de la oficialidad de las lenguas.
En su última propuesta, España ha planteado que se empezaría a aplicar en 2027 e insistió en que asumirá el coste de la medida, aunque los países que aún tienen dudas temen que Madrid deje de financiarla si hay un cambio de Gobierno.
Dudas políticas
Hay países que temen que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego abra la puerta a que otras minorías lingüísticas en la UE reclamen lo mismo para sus idiomas.
La viceministra de Asuntos Europeos chipriota, Marilena Raouna, ha defendido la necesidad de que la propuesta “se haga de una forma legalmente sólida y que no cree un precedente”.
Chipre, que teme que la minoría turca pueda reclamar la oficialidad de su idioma, ha señalado que la petición de España “es una situación diferente, pero también es importante que no cree un precedente”.
Ante estos temores, Albares ha señalado en distintas ocasiones que no se crearía tal precedente porque la propuesta de España supone un ‘traje a medida’ para el catalán, el euskera y el gallego y ha defendido que la Constitución española reconoce la cooficialidad de las lenguas.
Ha defendido, además, que hay 20 millones de personas en España que viven en territorios donde se hablan los tres idiomas y que se pueden emplear ya en las Cortes Generales.
