Quito, 3 oct (EFE).- La embajadora de la Unión Europea (UE) en Ecuador, Jekaterina Doródnova, tendió la mano al Gobierno y al movimiento indígena para facilitar un encuentro entre ambos y generar un «diálogo verdadero e inclusivo» que posibilite la disolución de los enfrentamientos derivados del paro nacional convocado por los indígenas en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
«Falta un diálogo verdadero. Nosotros como UE creemos profundamente que todos los conflictos y disputas deben ser resueltas mediante un diálogo inclusivo y abierto (…) estamos a la disposición de las partes para ofrecer nuestros buenos oficios”, recalcó a EFE.
Ecuador lleva doce días envuelto en una serie de protestas y movilizaciones convocadas por el movimiento indígena en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, cuyo precio pasó de un momento a otro de 1,80 a más de 2,80 dólares por galón (3,78 litros).
La eliminación de los subsidios a los combustibles ya causó grandes olas de protestas lideradas también por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) en 2019 y 2022, lo que llevó a los presidentes de entonces, Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), a recular en este ajuste fiscal requerido por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En las protestas de 2022, por ejemplo, la UE y otras instituciones facilitaron 10 mesas de diálogo para la paz, por lo que la embajadora considera que esa «experiencia, documentación, acuerdos y análisis» pueden ser de utilidad en el contexto actual.
«Podemos establecer otra vez esas mesas, abordando una serie de temas que van más allá del subsidio al diésel y que siguen siendo relevantes, como la educación, el empleo, la salud, la energía o los derechos laborales», matizó.
Hasta ahora, las movilizaciones se han saldado con un fallecido, alrededor de ochenta heridos y más de un centenar de protestantes detenidos, entre ellos una docena enviados a prisión bajo imputaciones de terrorismo por parte de la Fiscalía.
Este miércoles, además, fueron liberados los 16 militares retenidos desde el pasado domingo, según confirmó el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo.
«No queremos ni una sola muerte»
La muerte del comunero Efraín Fuerez el pasado domingo, presuntamente a causa de disparos de las Fuerzas Armadas en un enfrentamiento con manifestantes, ha escalado la tensión entre el movimiento indígena y el Gobierno de Daniel Noboa.
Su fallecimiento se produjo en la provincia andina de Imbabura, convertida en el epicentro de las movilizaciones sociales; aunque gran parte del país mantiene la normalidad habitual a pesar de la convocatoria de «paro nacional» de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).
La representante de la UE recalcó su rechazo a la violencia y enfatizó que no quieren «ni una sola muerte».
«Queremos hacer todo para que esta situación no se repita y para que Efraín sea la última y la única víctima de estos enfrentamientos», subrayó Doródnova, además de confirmar de que disponen del «compromiso del Bloque de Seguridad (formado por Policía Nacional y Fuerzas Armadas) para abstenerse del uso de la fuerza excesiva».
De hecho, explicó que el fallecimiento del manifestante fue una de las razones por las que aceptaron unirse al convoy «humanitario» del Gobierno que, según el presidente, que viajaba en él junto a otros embajadores europeos y de organismos internacionales, fue «emboscado» y atacado con violencia el pasado domingo.
Recomienda no caer en generalizaciones
Sobre ese episodio, el Gobierno difundió un video con declaraciones de la embajadora pidiendo la liberación de los militares secuestrados durante los enfrentamientos. No obstante, en el video original, también rechazaba la muerte de Efraín Fuerez, un tramo que fue recortado antes de ser compartido presuntamente por el oficialismo.
El Gobierno sostiene su postura de que las protestas son «actos terroristas disfrazados de protesta social», y aunque la embajadora reconoció la violencia presente en algunas de las movilizaciones, también rechazó las generalizaciones.
«No se deben hacer generalizaciones ni decir que todos los manifestantes son violentos. Eso no es así, hay que hacer una distinción muy clara porque hay muchos intereses de muchos grupos, incluso de la delincuencia organizada. (Esta situación) es un reto para las partes, por eso hacemos este llamado al diálogo inclusivo», apuntó.
Doródnova también declaró que la eliminación del subsidio al diésel afectó directamente a la actividad del crimen organizado y a la minería ilegal. «Para la minería ilegal se utiliza maquinaria pesada que utiliza diésel. Los intereses del crimen organizado han sido directamente afectados (por la medida) y quieren aprovecharse de esta situación», señaló.
Además, hizo hincapié en que los altos índices de contaminación que produce el diésel van en contra del Pacto Verde de la Unión Europea, que pretende llegar a 2050 liberada de gases de efecto invernadero y apostando por energías verdes y renovables.
