Madrid, 13 jul (EFE).- La reducción de la jornada laboral provocaría la «desaparición de los márgenes» de muchas compañías de servicios esenciales, que aumentarían los costes un 4,25 % y que, por ello, buscan «una respuesta positiva» del Ministerio de Hacienda para ajustar ese incremento a los contratos firmados con las administraciones.
Así lo asegura en una entrevista a EFE el secretario general de la confederación empresarial AlianzAS, Javier Sigüenza, que denuncia que este aumento dejaría sin rentabilidad a muchas de estas empresas, «muy intensivas en personal».
Sigüenza explica que AlianzAS se creó hace año y medio como una nueva confederación que ya agrupa a once asociaciones de distintos tipos de servicios esenciales, como la limpieza, la dependencia o el mantenimiento de infraestructuras, para constituirse como la voz de los servicios esenciales.
Las once asociaciones agrupan a empresas con más de 1,4 millones de trabajadores y 30.000 millones de euros en facturación, aunque esa reducción implicaría un coste de 1.270 millones de euros para las compañías de los servicios esenciales y, por ello, reclama que esa reducción de jornada se estudie sector a sector.
Sigüenza comenta que el mayor coste en este tipo de firmas es el de personal y cualquier incremento que se produzca sobre el mismo, «sobre todo cuando es imprevisto, tiene un efecto brutal», porque, además, «viene tras una decisión política».
Así, critica que a pesar de querer ejecutar una reducción de jornada, no se quieren ajustar los contratos públicos al incremento que supone ese descenso de horas en las empresas.
«Si una administración licita en un momento dado un servicio de atención domiciliaria, se licita las 24 horas, es decir, tres turnos diarios, pero ahora se obliga a contratar a alguien para esa hora y media diaria que faltaría y el coste es de las empresas», lamenta Sigüenza.
Por ello, insiste en que el margen de beneficio «desaparece en muchos sectores» de su asociación, «porque en muchas áreas no se llega a un margen del 4 %» y por ello se han lanzado a trasladar al Congreso esta problemática, que puede provocar que más concursos públicos queden desiertos.
«¿Por qué se sube un 2,5 % a los funcionarios y a nuestros empleados no se les puede subir igual? Lo único que estamos diciendo es que se trate a todos los trabajadores por igual», exige.
Un cambio en la ley de desindexación
En los servicios esenciales, el porcentaje de contratos con empresas públicas es «elevadísimo», en algunos sectores hasta el cien por cien, como en la ayuda a domicilio, mientras que en otros, como las residencias o las actividades deportivas, roza esos registros, asegura Sigüenza.
Por esa situación, el secretario general incide en que debería modificarse la ley de desindexación, «a lo que el Gobierno se niega tajantemente, pese a no tener sentido porque en cualquier contrato privado, las condiciones van a cambiar».
Así, la confederación que abarca desde las empresas de servicios deportivos a las administraciones públicas hasta la restauración colectiva explica que van de la mano con CCOO y UGT en la reforma de esta ley y también con Sumar, a falta de que la formación tramite la propuesta en el Congreso.
El abogado defiende que todos los grupos parlamentarios, a excepción del Ministerio de Hacienda, están a favor de la reforma de esta ley, «que se aprobó en 2015 con unas circunstancias muy concretas» y que ahora encuentra en Hacienda «con un veto muy injustificado a una reivindicación justa».
Sigüenza afirma que si la reducción de jornada se aplica, las empresas se verán obligadas a aceptar contratos públicos sólo de muy corto plazo, ante la incertidumbre arancelaria y las posibles prórrogas a las que las administraciones públicas pueden obligar por deberse a servicios esenciales.
Por ello mismo, reivindica que esta confederación ha iniciado ya los trámites para convertirse en la voz de los servicios y acceder a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, pues los servicios suponen más del 38 % de los contratos públicos y, sin embargo, han estado infrarrepresentados en las distintas reuniones con las administraciones públicas.
