Santiago de Compostela, 1 sep (EFE).- La Xunta va a limitar por ley el uso de dispositivos digitales por parte de los alumnos en las aulas y solo podrán utilizarlos de manera individualizada a partir de quinto de primaria, entre los 10 y los 11 años, mientras en edades inferiores el uso de estas tecnologías tendrá que ser colectivo y supervisado por el profesorado.
Será a través de la ley de educación digital que la Xunta está preparando y prevé enviar este otoño al Parlamento para su tramitación, de manera que esté aprobada el año que viene antes de finalizar el curso que se inicia este septiembre.
En su comparecencia tras el Consello de la Xunta de este lunes, el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha asegurado que Galicia será «pionera» en esta regulación con la que sigue apostando por consolidar «un modelo educativo híbrido», en el que conviva el uso del libro en papel con las nuevas tecnologías.
Por su parte, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha apelado a la «corresponsabilidad» del entorno familiar para colaborar en este uso de las nuevas tecnologías «con sentidiño» y ha rechazado que se trate de una «rectificación» del E-Dixgal, el programa de libro digital implantado hace diez años, sino una «evolución» reclamada por familias y profesorado.
La «colaboración estrecha» con las familias en este proceso de uso «gradual, proporcional y adecuado» de las tecnologías digitales se realizará, según ha explicado el conselleiro, a través de «sesiones específicas de información y tutorías» y también se les trasladará a los familiares si hay una «utilización indebida».
Además, los medios digitales que se van a utilizar en los colegios estarán recogidos en los proyectos digitales de centros, y tanto las familias como el alumnado recibirán toda la información pertinente y necesaria para su uso seguro y adaptado a las normas de convivencia, asegura la Consellería.
Rodríguez ha informado de que la Consellería de Educación iniciará un calendario de reuniones con especialistas y distintos colectivos para enriquecer el texto legislativo, que ya fue sometido a consulta pública previa en febrero y recibió más de 600 aportaciones, con lo que es la ley autonómica que más aportaciones ha tenido en esta primera fase del proceso.
