Madrid, 27 jun (EFE).- Las comunidades autónomas debaten este viernes el proyecto de real decreto por el que se regula el procedimiento para la reubicación de menores migrantes, que detalla cómo se deberán realizar los traslados y podrá ser modificado por las autonomías si así lo acuerdan por unanimidad.
Lo harán en una nueva Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se celebra hoy a las 11 horas bajo la presidencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y que tendrá por objeto también la aprobación de 22 millones de euros para Canarias (8,5 millones), Ceuta (7), Melilla (4,5) e Islas Baleares (2).
De acuerdo con el orden del día, la reunión tratará el real decreto que detalla cómo se procederá a la reubicación de los jóvenes, después de que este haya pasado por audiencia pública y haya sido modificado con las aportaciones de diferentes organizaciones.
Participación de Fiscalía y las fuerzas de seguridad
El borrador de este real decreto que salió a audiencia pública establecía los detalles del proceso de reubicación, como la participación del Ministerio Fiscal, al que se comunicará la propuesta de traslado y se pedirá un informe en el caso de que el joven no quiera ser reubicado.
Dictaba que la comunidad de origen será la responsable de los traslados, que serán financiados por el Estado, y que en caso de que la comunidad de destino se niegue a acoger a los menores, los profesionales que acompañen al joven pueden pedir ayuda a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que lo comunicarán al Ministerio Fiscal y entregarán al joven a la entidad de destino.
En la reunión de este viernes las comunidades podrán hacer sus propuestas de modificación de este proyecto, ya que, al igual que el primer real decreto ley aprobado el 18 de marzo que creó el mecanismo de acogida obligatoria, este puede ser cambiado si así lo acuerdan las autonomías en la Sectorial, por unanimidad.
De hecho, Canarias ya anunció ayer que propondrá que los menores migrantes que salgan de las islas sean acompañados por personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no solo por funcionarios autonómicos, y que en caso de que haya alguna incidencia en su acogimiento sea comunicada a la Fiscalía de Menores.
Lograr un acuerdo unánime que modifique el texto planteado por el Gobierno será difícil, ya que existe una amplia oposición por parte de las comunidades al mecanismo ideado por el Gobierno y las últimas reuniones en torno a este asunto han acabado repletas de reproches: desde las comunidades, por las «imposiciones» del Ejecutivo, y desde este, por la falta de colaboración de las autonomías.
De hecho, diez territorios presididos por el PP -Madrid, Aragón, Cantabria, Extremadura, Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Galicia y Castilla y León- y Castilla-La Mancha (gobernada por el PSOE) han recurrido el texto ante el Tribunal Constitucional o han anunciado que lo harán próximamente.
