Madrid, 2 sep (EFE).- Las comunidades gobernadas por el PP han rechazado este martes acogerse a la quita de deuda propuesta por el Gobierno al verla una «trampa» que penalizará a los territorios que menos deben. Galicia ha anunciado que estudiará si recurrir judicialmente la condonación.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de ley que permitirá la condonación de 83.252 millones de euros a todas las comunidades autónomas del régimen común que lo soliciten, de forma que la mayor parte de la quita -siete de cada diez euros- beneficia a territorios gobernados por el PP sin que haya «ningún agravio» entre regiones, según ha afirmado el Gobierno.
La medida ha contentado al Ejecutivo de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha al cumplir sus expectativas, con un ahorro de 760 millones de euros en intereses en diez años, que podrá destinarse a financiar servicios públicos en la región.
Ningún territorio del PP se acogerá
Tanto el PP como sus presidentes autonómicos han expresado nuevamente su oposición, ya que creen que «mutualizará» la deuda, perjudicando a los territorios que menos deben.
Según la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ninguna de sus autonomías se acogerá a la medida: «Todos los presidentes autonómicos del Partido Popular afirmaron que no entrarían en esta trampa del Gobierno», ha zanjado.
En este sentido, Galicia ha sido la primera en anunciar que estudiará recurrir judicialmente la decisión, porque, en palabras de su consejero de Presidencia, Diego Calvo, «no se trata de una condonación”.
Así, la Xunta ve un “trato discriminatorio” para las comunidades con menos deuda, como es el caso de Galicia.
El anuncio de la quita ha llevado al presidente andaluz, Juanma Moreno, a afirmar que a partir del próximo año Andalucía no va a necesitar ningún instrumento del Estado para financiarse, sino que lo hará exclusivamente en los mercados.
«La quita de la deuda no es favorable a Andalucía; lo dice la Airef, la Agencia de Calificación, y nosotros no vamos a asumir ninguna quita de la deuda», ha asegurado Moreno, que lo ve una «operación política» del Gobierno con ERC.
«Maniobra trilera» y otra «gran mentira del sanchismo», es como ha definido la condonación la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que ha opinado que se trata de una estrategia para encubrir el traspaso de «la inmensa deuda de Cataluña» al resto de España.
Desde la Comunidad Valenciana, su consejera de Hacienda, Ruth Merino, ha dicho que es “inaceptable por el fondo y por la forma» y que no beneficia «en nada» a los ciudadanos al no permitir «aumentar el gasto en servicios fundamentales, ni el regreso de la Generalitat a los mercados”.
Por Murcia, el consejero de Economía de Murcia, Luis Alberto Marín, ha opinado que «si no se reforma el sistema de financiación autonómica, el importe condonado se transformará de nuevo en deuda en tres o cuatro años”.
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha afirmado que las autonomías desconocen «en qué términos ni condiciones se va a aprobar la condonación» y ha instado al Gobierno a llevar la medida a las Cortes para aprobarse: «Un juego de trilerismo para engañar a todos, incluso a los catalanes», ha lamentado.
Mientras, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha vuelto a rechazarla con el argumento de que las deudas «no se le perdonan a nadie: quien tiene una deuda tiene que pagarla».
Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado que la «traslación» de la deuda de las comunidades autónomas al Estado debe ser la misma para todos los españoles, con el fin de estar todos los territorios en un plano de igualdad.
