Valladolid, 11 jun (EFE).- Las Cortes de Castilla y León han aceptado este miércoles iniciar la tramitación de la proposición de ley de derechos de personas LGTBI+ presentada por el PSOE para que esta comunidad deje de ser la única autonomía de España sin normativa en esta materia, para lo que ha contado con el apoyo del resto de grupos, excepto Vox, y con la abstención del PP, que con este posicionamiento ha asumido iniciar su recorrido.
Sin embargo, esa abstención, sumada a los argumentos dados por la representante del PP en este debate, Noemí Rojo, introducen dudas sobre la viabilidad de esta iniciativa, que entra en el parlamento autonómico en el final de la legislatura y con escaso margen para agilizar su tramitación en los meses que restan.
Ha sido el procurador socialista Miguel Hernández quien ha defendido esta iniciativa ante el pleno de las Cortes, donde ha subrayado la necesidad de que este colectivo de personas vean reflejada en la realidad legal de la comunidad una serie de derechos vinculados con la atención sanitaria, educativa y social, todas ellas competencias autonómicas.
Hernández ha asegurado que su propuesta situaría a Castilla y León, pese al retraso de años a la hora de afrontar esta normativa, «a la vanguardia» en la protección de determinados derechos, aunque se ha mostrado abierto a que los grupos permitieran el debate y posteriormente introdujeran las enmiendas que consideraran oportunas.
El representante del PSOE ha remarcado que esta normativa afectaría de forma directa al «15 % de la población de Castilla y León»: «Pagamos impuestos y votamos cuando hay elecciones», ha subrayado Hernández, quien ha preguntado al PP por qué en otros territorios sí ha tramitado leyes en este sentido y en esta comunidad se niega.
La abstención del PP y el no de Vox
Noemí Rojo (PP) ha asegurado que la Junta «no mira para otro lado» a la hora de proteger los derechos de las personas LGTBI+, que ve «garantizados» por el marco jurídico existente, con referencias al Estatuto de Autonomía y críticas a la ley estatal, por ser tramitada por el Gobierno «con urgencia y sin buscar consenso».
En opinión del PP, con el texto planteado por el PSOE «no se amplían los derechos más allá de los consagrados a nivel estatal», por lo que ha defendido legislar «con rigor, sensatez y seguridad jurídica».
Finalmente, el PP se ha abstenido en la votación, mientras que los procuradores no adscritos -el ex de Vox- y el Grupo de Vox han votado en contra de su admisión a trámite, en palabras de José Antonio Palomo, porque esta iniciativa surge de la «ideología de género» para buscar un «claro adoctrinamiento institucional», pese a lo que ha defendido su respeto a la libertad individual y rechazo a la discriminación por orientación sexual.
Novedades de la propuesta del PSOE: ‘sexilio’
El desarrollo de programas de igualdad en las empresas, formación entre profesionales sanitarios y educativos para tratar las situaciones de personas LGTBI+, iniciativas para evitar el denominado ‘sexilio’ en una zona eminentemente rural como Castilla y León, la prevención del acoso en institutos y hasta un régimen sancionador por infracciones en esta materia son algunos de los contenidos introducidos por el PSOE en su proposición de ley.
(‘Sexilio’: situación en la que una persona con una orientación sexual o identidad de género diferente a la heterosexual se ve obligada a abandonar su lugar de residencia debido a la persecución, discriminación o violencia que sufre por esa razón).
En concreto, sobre el ‘sexilio’, Hernández ha remarcado que esta comunidad presenta la particularidad de la ruralidad, con personas que sufren «el miedo o la coacción de sus entornos familiares o laborales» en pequeños municipios, lo que les obliga a emigrar a las ciudades para vivir con libertad su sexualidad.
También aborda esta normativa la «doble discriminación» que personas LGTBI+ sufren por ser también inmigrantes, gitanos, discapacitados o mayores, esta última como rasgo del edadismo, que también afecta a este colectivo.
