Barcelona, 9 may (EFE).- Seis de cada diez denuncias sobre violencia machista institucional en España están relacionadas con comportamientos o decisiones de los jueces, según el primer informe del Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM).
El Consejo del OVIM y las asociaciones Almena y Helia han presentado este viernes en Barcelona el estudio a partir de la recopilación de 117 casos anónimos a través de su canal de ‘denuncia colectiva’ durante 2024 (abierto a mujeres, niños y adolescentes).
Desde OVIM recuerdan que la violencia institucional machista se da cuando una mujer, niño o adolescente acude a una institución pública, ya sea un juzgado, comisaria, centro de salud, etc, y en lugar de recibir apoyo y protección recibe respuestas por acción u omisión que implican nuevamente más violencia.
El poder judicial es el más señalado por esas denuncias -en un 52 % de los casos relatados-, seguido de sectores como el policial, la salud, el social y el de atención integral.
Dentro de las cifras sobre la violencia machista judicial, destaca que la judicatura -jueces- ejerció de forma mayoritaria este tipo de violencia (60,2 %), seguido del ministerio fiscal (15,5 %) y los abogados de oficio (14,6 %), entre otros.
Priorización de interés del padre frente al del menor
Las vulneraciones del sector judicial pasaron principalmente por cuatro áreas: priorización de los derechos parentales sobre el interés superior del menor, vulneración del derecho a la seguridad de mujeres y niños, negación de derechos económicos de las víctimas y vulneración en el acceso a la asistencia jurídica especializada.
La priorización de los derechos parentales implicó en muchos casos que los hijos igualmente maltratados se vieran obligados a relacionarse o incluso convivir con el maltratador.
Otro elemento que estaría muy presente según las denuncias son los argumentos en relación al falso síndrome de alienación parental que se adjudicaría a la madre para retirarle la custodia o desmerecer sus percepciones.
En cuanto a la negación de derechos económicos, las formas concretas más habituales recogidas pasan por desincentivar las reparaciones económicas o la omisión de reparaciones económicas en las sentencias condenatorias.
Otro dato destacado del análisis apunta que en el 94,4 % de los casos anónimos reportados, la violencia institucional fue “revictimizante”.
“No son casos aislados”
La portavoz de OVIM Liliana Aragón ha destacado que las violencias machistas institucionales “no son casos aislados” sino “estructurales”.
“Estos episodios provocan un impacto emocional, psicosocial y económico, generando angustia, malestar e incertidumbre, lo que refuerza la percepción del abandono institucional”, ha añadido.
El estudio, han explicado, busca “visibilizar que las instituciones públicas, en vez de proteger a las víctimas y supervivientes de violencia machista, en muchos casos reproducen, agravan o generan nuevas violencias”.
Más allá de datos cuantitativos, el primer informe de esta organización, creada hace un año, recoge entrevistas en profundidad de mujeres que han sufrido esta violencia machista institucional.
Un caso anónimo explica que desde los servicios sociales le dijeron que su hijo “no podía vivir sin figura paterna” a pesar de que el progenitor ejercía violencia sobre ella.
“Me trataron de loca”
Otro testimonio ha explicado que sufrió violencia de su pareja durante años y que pese a ello le quitaron a sus cinco hijos y la “trataron de loca”.
“Entonces intenté suicidarme. Ahora me doy cuenta de que fue un suicidio inducido por la violencia que me ejercieron”, ha dicho la mujer.
